El Supremo abre la vía a que la plantilla de Limasa recupere derechos perdidos

Tanto la empresa como el comité estaban pendientes de esta resolución para continuar con el litigio paralelo que tienen abierto en el Juzgado de lo Social número 12 de Málaga para determinar si los citados acuerdos siguen siendo aplicables con rango de convenio, como defienden la entidad y el Ayuntamiento con la idea de consolidar los recortes aplicados, o si como argumentan los trabajadores se trata de rebajas temporales pero no permanente. Esta causa quedó suspendida el pasado noviembre hasta que se pronunciara el Supremo sobre el procedimiento judicial que inició el Sindicato de Trabajadores de la Administración Local (STAL), que no tiene representación en el comité de empresa. Tras recibir la notificación la tarde del lunes, Limasa solicitó ayer al citado Juzgado de lo Social la reactivación del procedimiento.

En su sentencia, dictada en julio de 2017, el TSJA niega carácter de convenio al acuerdo que puso fin a las protestas puesto que, aunque las medidas fueron pactadas por empresa y trabajadores, no llegaron a inscribirse como convenio colectivo en la Autoridad Laboral ante la negativa de los seis sindicatos con representación a firmarlo. En la práctica, este fallo se traduce en que la plantilla debería recuperar todos los recortes sufridos en los últimos años: la paga de productividad (1.431 euros), descansar todos los fines de semana, disfrutar las vacaciones en verano, poder trabajar los festivos que se pagan a 140 euros, percibir el complemento a cargo de la empresa en caso de hospitalización o incapacidad hasta alcanzar el 100% de la base reguladora, recibir un uniforme completo en invierno y otro en verano, y la cesta de Navidad, valorada en 68 euros. La citada paga y las vacaciones en verano se han recuperado, aunque en su conjunto se estima que el impacto de todas estas cuestiones puede superar los 8 millones de euros.

En cualquier caso, se antoja complicado dar por zanjado el asunto, ya que posteriormente se firmó un nuevo acuerdo, el que permitió desconvocar la huelga en marzo de 2016 y sobre el que también deberá pronunciarse el Juzgado de lo Social número 12. Además, la intención del Ayuntamiento es tratar de consensuar con la plantilla un nuevo convenio colectivo. De momento, en la plantilla entienden que tienen la sartén por el mango a la hora de negociar con el convencimiento de que la jueza de lo Social no va a contradecir los argumentos del TSJA.

El Alto Tribunal andaluz dio la razón al STAL, que justificaba su demanda en que, pese a que los acuerdos fueron consensuados por ambas partes, suponen una modificación sustancial del convenio y que, por tanto, deberían haberse inscrito como tal. «Existió ciertamente una modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo en cuanto que la empresa ha modificado las condiciones establecidas en el convenio colectivo aún en vigor y ha aplicado a los trabajadores condiciones diferentes a las establecidas en el mismo sin que la empresa haya seguido los trámites», concluye la Sala, que redunda en su fallo en que pese a que existieron negociaciones para un nuevo convenio «éste no se ha alcanzado ni logrado aún y, aunque se alcanzó un principio de acuerdo, el mismo no ha sido inscrito como convenio colectivo en el registro de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta». Por ello, remarca que no puede entenderse que se trate de un marco laboral que suceda y sustituya al anterior.

Este pronunciamiento coincide con el del Juzgado de lo Social número 8 (diciembre de 2015) en el que, sin negar la validez de los acuerdos que pusieron fin a la huelga hasta finales de 2015, sí que venían a remarcar que «no tiene naturaleza de nuevo convenio colectivo que venga a sustituir o suceder al anterior». Éste último fallo fue recurrido por Limasa ante el TSJA, aunque fue retirado como parte del compromiso adquirido en los acuerdos que permitieron desconvocar la huelga de 11 días que padeció la ciudad en marzo de 2016, para dejar la decisión en manos del Juzgado de lo Social número 12 de Málaga, un procedimiento que se reactivará una vez conocido el pronunciamiento del Supremo.