La Junta impulsa un proyecto para más de 1.600 VPO en Málaga que aún tardará varios años en realizarse

Para facilitar la ejecución de esta importante operación urbanística, el Ayuntamiento aprobó su división en dos unidades, una norte, con un total de 2.806 viviendas, y otra sur, con 1.838. En el caso de la norte, la Junta posee el 43% de los derechos urbanísticos y ha acordado con la sociedad inmobiliaria Aliseda, que ostenta el 48%, iniciar los trámites para llevar a cabo la urbanización de estos terrenos, en los que se podrán construir 1.173 viviendas de renta libre y un total de 1.633 de VPO.

En enero del año pasado, el Gobierno andaluz aprobó una reserva de 21,5 millones de euros más IVA para la urbanización de los terrenos de la zona norte, y quedó pendiente la constitución de una junta de compensación entre la Junta y el restos de propietarios de los terrenos para repartirse cargas y derechos. A la Junta corresponde la construcción de 962 viviendas, 560 protegidas y 402 libres. A los promotores privados, 1.844 viviendas, de las que 1.073 serán de protección oficial y 771 de renta libre.

La creación de esa junta, que permitirá contratar las obras de urbanización de los suelos, no se ha producido hasta ahora, un año y medio después, según ha informado este miércoles la Consejería de Fomento, «después de que el Ayuntamiento de Málaga haya autorizado las bases y los estatutos», han precisado desde este departamento autonómico.

No obstante, todavía queda para que puedan iniciarse las obras de transformación de esta zona rural, cuyo comienzo se ha estimado para 2027, a tenor de las previsiones de Aliseda. Según han admitido desde Fomento, «la junta de compensación se encargará ahora de contratar los proyectos de reparcelación y de urbanización de estos terrenos en esta zona de expansión residencial al Oeste de Puerto de la Torre». Es decir, primero habrá que diseñar y elaborar esos proyectos, como fase previa a que se contraten las obras, que tardarán varios años en desarrollarse.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha resaltado «la importancia de la cooperación institucional y la colaboración público-privada para avanzar en un proyecto urbanístico que llevaba años bloqueado». «Las políticas de viviendas del actual Gobierno de la Junta van encaminadas a promover el mayor número posible de viviendas protegidas y, por ello, continuamos desbloqueando proyectos y urbanizando suelos, hasta ahora en desuso, para ese objetivo», ha manifestado.

Las cargas de urbanización de este futuro sector residencial de Lagar de Oliveros tienen un elevado coste. En el caso de la unidad norte, en la que interviene como promotora la Junta de Andalucía, están valoradas en 46,8 millones de euros que tiene que ser asumidos por todos los propietarios de los suelos, que abarcan una superficie de 529.374 metros cuadrados. El Gobierno andaluz ya ha reservado su parte, pero tiene que contar con el impulso del resto de dueños de este espacio para poder urbanizarlo. En concreto, a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) corresponden en este ámbito un 34,3% en beneficios y un 38,1% en cargas, de ahí que se haya calculado una aportación de 21,5 millones, sin contar el IVA.