Los jueces y fiscales paran en Málaga para clamar contra las reformas judiciales

La concentración, convocada a nivel nacional por cinco asociaciones -la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)-, ha contado con un respaldo masivo por parte de los jueces y representantes del Ministerio Público de la ciudad.

En Málaga no han estado solos. Además de varios letrados, ataviados con sus togas, casi un centenar de ciudadanos se han acercado a los juzgados para mostrar su apoyo a los profesionales judiciales, a los que han aplaudido durante varios minutos. «Los jueces no se tocan» o «Sánchez dimisión» son algunos de los gritos que han proferido, sumándose así a la protesta.

A continuación, la magistrada Ivana Aisa Muiños, como miembro de la APM, ha dado lectura al manifiesto conjunto de las cinco asociaciones convocantes. En el mismo, se ha puesto el foco en el proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal y el anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, «iniciativas ambas contras las que hoy reaccionamos con este paro».

En cuanto al primero de ellos, jueces y fiscales insisten en que «se trata de una reforma legal que va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para nuestra formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración». En este sentido, las asociaciones inciden en que se pretende crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno y, «por ello, con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país».

Además, según han criticado, se quiere modificar la base de ambas carreras convirtiendo en jueces y fiscales a 1.300 jueces y fiscales sustitutos, «sin pruebas que midan su aptitud para ello y, consecuentemente, en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, con grave perjuicio de las promociones más jóvenes y de los miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño de ser juez o fiscal».

En cuanto al segundo proyecto, las asociaciones convocantes inciden en que «quieren concentrar todo el poder en el Fiscal General del Estado», lo que, denuncian, incrementará «el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción». «No quepa duda de que estas reformas de que hablamos, enmarcadas entre otras que se han ido produciendo, van encaminadas a convertir al poder judicial en un poder con minúscula, un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder», han criticado.

De ahí que, con este parón, secundado a nivel nacional, jueces y fiscales exijan la retirada de ambas iniciativas, advirtiendo de que, de lo contrario, no se descarta la adopción de otras medidas más intensas, como la huelga. Asimismo, también han recordado que llevan lustros reclamando «una masiva creación de plazas judiciales y fiscales a fin de mejorar la calidad y rapidez del servicio que prestamos a la sociedad».