La empresa que proyectaba un centro ambiental con vertedero en Puerto de la Torre recurre la negativa municipal

«Analizada en su conjunto, la documentación aportada ofrece datos suficientes para reconsiderar la inadmisión a trámite, aportando información sobre todos los puntos conflictivos. Se entiende, pues, desde el punto de vista técnico y a salvo de la valoración jurídico-procedimental, que procedería estimar el recurso. Para continuar con la tramitación del expediente, en cualquier caso, será necesario aportar un nuevo documento de Proyecto de Actuación que incorpore todos estos datos, con el Estudio Paisajístico como anexo y aborde las cuestiones arriba mencionadas, incluyendo un Estudio de Tráfico», recoge el escrito municipal, que propone estimar el recurso y requerir la presentación de la documentación completa.

Es un asunto que siempre generó gran revuelo entre los vecinos de la Junta de los Caminos y otros diseminados, que se movilizaron rápidamente. También lo pretenden hacer con este giro de tuerca de los acontecimientos. Anuncian reuniones políticas, acciones administrativas, intervención en pleno... En su momento, consiguieron recabar el apoyo del concejal del distrito, Jacobo Florido, y del propio alcalde, Francisco de la Torre.

La documentación del recurso y la respuesta de Urbanismo, a las que ha tenido acceso este diario, son profusas. Verosa contesta punto por punto a los reparos municipales y, ante todo, hay un hecho crucial: el Consistorio no contaba con la documentación completa elaborada para remitir a la Junta de Andalucía el proceso de autorización ambiental integrada. Entre los fundamentos jurídicos esgrimidos, los promotores señalan que la inadmisión a trámite causa indefensión y que se infringe el derecho al procedimiento.

En el escrito referido, de 12 folios, y presentado en diciembre, Verosa ofrece todo tipo de detalles al respecto y refuta los argumentos que sirvieron de base a la decisión municipal. Los motivos que aducía básicamente Urbanismo fueron meramente técnicos: incumplimiento del Plan General (PGOU) en lo referido a los suelos no urbanizables y sensibles desde el punto de vista paisajístico.

El Ayuntamiento sí estaba de acuerdo con el tipo de proyecto, muy necesario en cuanto a su funcionalidad y factores de economía circular, por lo que tenía previsto proponer a la empresa otra ubicación para este centro en el que la inversión prevista rondaba los 5 millones de euros y en el que se querían valorizar hasta 300.000 toneladas de material al año, fundamentalmente procedente de obras. La parte correspondiente al vertedero en sí, siempre de residuos no peligrosos, era de apenas el 7% del total.

El proyecto presentado se preveía ubicar en un conjunto de parcelas al noroeste del término municipal, entre la autovía A-7 y el río Campanillas, en concreto. Es un entorno con un relieve marcado, perteneciente al sistema de los Montes de Málaga y relativamente cercano a algunos asentamientos en proceso de reconocimiento urbanístico.

Para determinar la idoneidad del proyecto se había atendido a lo dispuesto en el artículo 22 de las Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) y al artículo 30 de su reglamento que autorizan las actuaciones extraordinarias en suelo rústico y que indican que en municipios que cuenten con instrumento de ordenación urbanística general o en ausencia de este, «podrán implantarse con carácter extraordinario y siempre que no estén expresamente prohibidas por la legislación o por la ordenación territorial y urbanística, y respeten el régimen de protección que, en su caso, les sea de aplicación, usos y actuaciones de interés público o social que contribuyan a la ordenación y el desarrollo del medio rural, o que hayan de emplazarse en esta clase de suelo por resultar incompatible su localización en suelo urbano».

Al objeto de determinar la adecuación del proyecto a la normativa urbanística se analizó por parte del Consistorio el cumplimiento del régimen general establecido en el PGOU para la ejecución de los distintos usos en suelo no urbanizable, definido en el art. 14.1.9, y conforme al cual se encuentra expresamente prohibida la realización de movimientos de tierras que impliquen modificación de la morfología del área, y transformen abusivamente el destino rústico del suelo. Y, por otra, se tuvo en cuenta el régimen específico de protección contenido en el artículo 14.4.8 del PGOU, relativo a suelos adscritos al régimen del Suelo No Urbanizable (SNU) de Especial Protección por Planificación Territorial y Urbanística Suelos con pendientes mayores del 30%. En esta norma se indica que la limitación de usos, en zonas con pendientes superiores al 30%, favorecerá excluir de la ocupación zonas sensibles desde el punto de vista paisajístico, la conservación del máximo de cubierta vegetal y de sus escorrentías, evitará el riesgo geotécnico o hidrológico, y contribuirá a controlar los vertidos procedentes de los desmontes.

En cuanto al cumplimiento del PGOU sobre el uso de gestión de residuos en suelo no urbanizable, se aceptaba la previsión y necesidad de implantarlo en suelo rústico, pero el proyecto resultaba, en una primera decisión, incompatible con la ordenanza aplicable a este tipo de iniciativas desde el punto de vista paisajístico, ya que la propuesta recoge la necesidad de realizar movimientos de tierra importantes y la normativa prohíbe específicamente los desmontes y terraplenes de más de tres metros.

Igualmente, Urbanismo entendía que no se ajustaba a la normativa concreta de suelo no urbanizable del PGOU, ya que el Plan enuncia la limitación de usos en zonas con pendientes superiores al 30% en zonas sensibles, desde el punto de vista paisajístico, como es el caso. Por tanto, el proyecto se consideraba inviable, dado el carácter del paisaje en la zona cuyo valor principal es el perfil montañoso natural, ya que éste implicará los grandes movimientos de tierras referidos, la ejecución del vertedero y las explanaciones previstas que modificarían el aspecto del terreno natural.

Además, se consideraba que la actividad que generaría la instalación generaría demandas de crecimiento (en cuanto a comercio y hostelería) en núcleos cercanos, especialmente el de 'Matagatos', extremo que incumple una innovación del planeamiento.

Además, se consideraba que la instalación de este tipo de proyecto en esta área que conllevaría la alteración sistemática y extensiva del terreno, hecho que es incompatible al contemplarse su localización en un área que ocupa gran parte de la zona arqueológica 'Cerro de la Peluca' catalogada como BIC.

Por último, en cuanto a la inviabilidad de su desarrollo en el terreno solicitado, se estimaba que el proyecto interfiere en el impulso de las nuevas áreas verdes previstas en el proyecto 'Anillo Verde' previsto en la vía perimetral de la ciudad. En este punto, Verosa ha explicado, entre otras cuestiones, que dicha actuación municipal carece ni tan siquiera de proyecto.