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No ha profundizado mucho la concejala de Servicios Operativos y Limasam del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porras, en cómo se aplicará la nueva tasa de ... basuras, de la que ha indicado que todavía están elaborando la ordenanza fiscal, es decir la normativa para aplicar este impuesto municipal. Lo que sí ha quedado claro de sus palabras es que la tasa de basuras, que debería estar ya al cobro desde este mes de abril, según los cálculos que hizo inicialmente el equipo popular, llevará aparejada una bajada del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y también se aplicarán bonificaciones, como ha indicado este lunes en la comisión de Medio Ambiente, de la que ella es presidenta. Pero lo cierto es que no ha profundizado en cifras ni ha dado detalles. Para bajar el IBI hay dos formas: vía coeficiente, en el que Málaga tendría poco margen, ya que el mínimo es de 0,4, y Málaga aplica 0,45; o vía bonificaciones, en las que el área de Economía tiene margen para aplicar hasta un 95% de reducción.
Porras entraba en esta cuestión a raíz de una moción que presentaba la viceportavoz de Vox, Yolanda Gómez, que fue muy beligerante con esta tasa, que indicó iba a suponer un coste de 229 euros por familia al año en Málaga, «el basurazo», le llamó, una cifra que Porras no le rebatió. Auguró la viceportavoz de Vox que esta tasa iba a acabar en los tribunales porque la UE no exige estrictamente repercutirla en los hogares, «lo ha dicho la Comisión Europea y la FEMP también, que ha indicado que lo que se exige es que se realice la recogida, transporte y tratamiento de residuos», afirmó Gómez, añadiendo que el propio artículo 20 de la Ley de Haciendas Locales indica que sólo los ayuntamientos tienen la potestad para establecer las tasas municipales. Se quejaba también de que se iba a engordar la estructura municipal con la contratación de diez empleados, con un coste de medio millón de euros, para poder cobrar la tasa a los hogares malagueños. Porras le preguntaba a Gómez si Vox no gobernaba en el Ayuntamiento de Náquera, Valencia, donde iban a aplicar la tasa. La viceportavoz de Vox hacía mutis por el foro y no le respondía. La presidenta de la comisión de Medio Ambiente se lo recriminaba.
El portavoz de Con Málaga, Nico Sguiglia, pedía explicaciones de por qué no se bajaba el IBI cuando en 2001 aumentó un 33% para incluir la tasa de basuras, una línea que también siguió la viceportavoz socialista, Begoña Medina, quien hizo un alegato de que se aplicara la tasa para cumplir con la normativa de la UE, «quien contamina, paga», y reducir así el incremento de basuras. Este precepto, al que también se sumó Teresa Porras, para que no hubiese residuos, no quedó muy claro cómo se iba a producir porque, si se apareja la tasa de basuras al consumo de agua (Emasa), como han venido barajando hasta la fecha, los ciudadanos deberían, en este caso, reducir el uso del líquido elemento para pagar menos tasa de basuras, pero no necesariamente tener menos residuos. Un asunto que el equipo de gobierno del PP deberá explicar en profundidad.
Finalmente, el PP y la oposición de izquierdas (PSOE y Con Málaga) tumbaban en la comisión de pleno de Medio Ambiente la moción de Vox, que tenía como objetivo que la tasa de basuras no se aplicase en Málaga capital y que se retirase inmediatamente la oferta de empleo público vinculada a la gestión y recaudación de esta nueva tasa.
¿Cuánto tendrá que pagar una familia media? Es la gran pregunta a la que todavía no se puede contestar. A modo orientativo, los datos del Observatorio de Fiscalidad de Residuos reflejan un recibo medio anual de 92,5 euros por hogar en las ciudades españolas.
Este estudio alertaba de que lo ingresado por los ayuntamientos sólo cubría el 72% de los costes. Esto es algo clave en el citado cálculo que tendrá que hacer Málaga. Fuentes municipales consultadas por este periódico enfatizan en la necesidad de cubrir todos estos costes, lo que implicaría, obviamente, subir el coste de la tasa.
Actualmente, la basura doméstica en Málaga capital se cobra dentro del recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), pero existe una ordenanza (en concreto, la número 19) para la prestación de este servicio que sí pagan comercios e industrias. También se implantó para los propietarios de viviendas destinadas al alquiler turístico, pero los tribunales tumbaron aquella medida y no se ha vuelto a recuperar.
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