Cinco VPO en una casona barroca del Centro de Málaga: este es el proyecto para sacarla del abandono

La empresa en cuestión es Proyectos Titania Blue, con sede social en el número 5 de la calle Echegaray de Málaga capital, y con el abogado Antonio Martín-Lomeña como administrador. Ha ofertado el mismo precio de salida que fijó la Junta en el concurso: un total de 402.139 euros, con el compromiso de abonar el 70% de manera aplazada en cinco años. Asimismo, la empresa prevé que sean pisos de VPO en alquiler y oferta una reducción de la renta máxima del 40% a los futuros adjudicatarios de las viviendas durante los dos primeros años.

En cualquier caso, en las próximas semanas se dará oficialidad a la adjudicación de este edificio por parte de la Junta a la única empresa que ha pujado por él. En esta misma subasta, la AVRA también sacaba a concurso otros tres inmuebles del Centro de Málaga para un total de 10 VPO que finalmente no han recabado oferta alguna, por lo que permanecen en la cartera de construcciones sin uso en posesión de la administración regional, a la espera de que algún privado se interese por su adquisición o de que el Gobierno andaluz opte por reformarlos con sus propios medios.

En concreto, se trata del número 18 de la calle Alta, con capacidad para cuatro VPO, que salió a subasta por 226.180 euros; el número 16 de la calle Álvarez (tres viviendas), valorado en 264.613 euros; y el número 18 de esta misma calle (otros tres pisos protegidos), cuantificado en 262.897 euros. Finalmente, no han resultado atractivos para las empresas promotoras, posiblemente por el escaso número de viviendas previstas en cada uno de ellos, y por los condicionantes que pueden pesar sobre su reforma. Los dos edificios de la calle Álvarez tienen protección arquitectónica de grado 1.

En el caso de la casona de la calle Dos Aceras, tiene grado 2 de protección, y podría contener pinturas murales en su fachada. El pleno del Ayuntamiento aprobó en 2012 solicitar a la Consejería de Cultura la inclusión de este edificio en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Sin embargo, la delegación de Cultura contestó que no reunía «valores suficientes» para esa catalogación y apuntó la opción de elevar su protección actual de grado 2 a la de grado 1.

En 2021, el Ayuntamiento inició los trámites, no completados todavía, para revisar la protección de 28 edificios, entre los que incluyó este del número 9 de la calle Dos Aceras. Sin embargo, la AVRA alegó en contra de que se elevara su nivel de protección para poder acometer unas demoliciones en su zona interior que ya habían sido autorizadas por la delegación de Cultura por el «riesgo de colapso» de esos espacios, según se apuntó en un informe emitido ese mismo año. Finalmente, la Gerencia de Urbanismo optó en 2022 por mantener el nivel de protección de la casona y permitir que se llevaran a cabo esos derribos internos autorizados por la Junta.

En 2020, la Junta solicitó a la Gerencia de Urbanismo la licencia de obras para su reforma, un trámite para el que la empresa Geosphera elaboró un estudio en el que calificó de «muy deficiente» el estado de la estructura del edificio y apostó por rehacerla «partiendo de un nuevo cimiento».

Al margen de esta subasta, por el momento no ha vuelto a saberse nada más de la previsión de la Junta de sacar a concurso cinco parcelas ubicadas en el entorno del Centro y en el barrio de la Trinidad para la construcción de un total de 160 viviendas protegidas. En este caso, la fórmula que empleará la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) es la denominada de permuta, que consiste en sacar estos suelos a concurso para entregarlos a una promotora que esté dispuesta a construir las VPO. A cambio, para compensar el valor del terreno, pagará en especie a la Junta, cediéndole parte de las viviendas que ejecute.

Por otra parte, la Junta sigue sin impulsar la rehabilitación del denominado Corralón de las Dos Puertas, entre las calles Curadero y Rosal Blanco, en la zona de El Molinillo, para que albergue viviendas protegidas. Más de una década ha pasado ya desde que este edificio de 1900, que cuenta con protección arquitectónica de grado 1, fuera desalojado y tapiado, sin que el Gobierno andaluz haya movido ficha para su puesta en valor. Se trata de uno de los inmuebles incluidos en la Lista Roja del patrimonio español en peligro que elabora la asociación Hispania Nostra.