Antonio Alcázar protesta junto los vecinos contra «la cárcel de menores» en Churriana

La cuestión es que un centro para 50 menores infractores se va a ubicar en la avenida de la Asunción, 14, en lo que antes era una inocente casa de retiro espiritual para monjas, como subraya la vecina que vive justo enfrente, Pepa de Miguel, que entre sollozos, indica que «la invasión de la intimidad» que va a tener la tiene amargada. Invita a pasar para ver cómo se divisan las ventanas desde su casa, mientras muestra una foto muy descriptiva en la que las estas asoman a su parcela casi como si estuviesen dentro.

«Antes estaban las monjitas, y anda, pero ahora...», dice acongojada, explicando que todos los ahorros de su vida, de su marido, médico, y ella, maestra, los han echado a esa casita, que es lo único que tienen para dejarle a sus hijos. «Y el alcalde no quiere saber nada de nosotros, no nos dice la verdad; es que no hay derecho», afirma mientras los vecinos colindantes la dejan hablar haciéndose cuenta de su «desgracia».

Atropelladamente van llegando unos y otros, pero no sólo de El Olivar, sino también de las Casitas de Madera, justo al lado, de Wittenberg, de Cortijo de Maza y de Churriana pueblo. En apenas unos días han recogido casi un millar de firmas en contra del CIMI, y parece que no van a cejar en su empeño. Antes se conocían como vecinos, pero hoy parecen más unidos que nunca porque los objetivos comunes son así, hacen vecindad y compañerismo. Hoy, viernes, han convocado a las 18.30 horas una concentración a las puertas del Ayuntamiento de Málaga para que Paco de la Torre les oiga y les reciba. Y para que les dé explicaciones a las más de cien familias que viven en esta zona.

El portavoz de Vox, Antonio Alcázar, les explica cuál es su posicionamiento. Primero, afirma que su partido no está en contra de este tipo de centros, ni de la reinserción de los menores, pero que «a todas luces, un lugar así no es el adecuado para poner una instalación de estas características», indica, mientras les muestra la iniciativa que van a llevar a la comisión de Urbanismo del próximo lunes, en la que quiere que se den cuenta de todas las cortapisas que tiene un proyecto así en una barriada residencial, «en donde reforman el edificio haciendo huecos incluso en los muros del mismo con declaraciones responsables», como puntualizan, mientras un vecino de El Olivar alega que para hacer una reforma en su casa tardó dos años en que le dieran la licencia.

«Por eso nos hemos personado en el expediente de la primera declaración responsable denunciando todas las irregularidades», subraya el presidente de la comunidad de vecinos, Alejandro Vedia, indicando que así «van parcheando lo que debía de ser una licencia de obras que es tan irregular como que no han hecho el cambio de uso de suelo, que es residencial, y debería ser dotacional privado; es que la adjudicación de la Junta a Meridianos en este inmueble para construir un CIMI no cumple lo preceptivo, ya que no dispone de aparcamiento ni muro perimetral, entre otras cuestiones», puntualiza Vedia. Por eso, demandan la improcedencia de la adjudicación al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta, así como la anulación de la declaración responsable presentada en la Gerencia de Urbanismo en sendos escritos a los que ha tenido acceso este periódico.

En un informe, la Gerencia de Urbanismo lo califica como equipamiento SIPS (Servicios de Interés Público y Social), pero los afectados se quejan de que un centro de internamiento de menores con privación de libertad no se puede asemejar a otros SIPS como centros de salud, bibliotecas o colegios.

Alcázar explica que, precisamente, todas estas inquietudes son las que elevan este próximo lunes a la comisión de Urbanismo del Ayuntamiento para que «se declare la ineficacia de las declaraciones responsables y se paralice la ejecución de la obra», se restablezca la legalidad, se inspeccione la obra debidamente por la Gerencia de Urbanismo y se dé cuenta a la Junta cuando se suspendan las obras.

Un 'flyer o pasquín de la concentración este viernes, a las 18.30 horas, a las puertas del Ayuntamiento de Málaga, que recorre toda la urbanización, subraya que un CIMI no es un colegio, ni un centro de día, ni un proyecto comunitario «sino un centro de reclusión con vigilancia, medidas de seguridad y jóvenes internos por delitos graves como agresión sexual, homicidio, violencia doméstica o robos violentos, entre otros» y ponen el foco en el CIMI que ya existía en Torremolinos, que cerraron y «ahora lo quieren traer a una zona inadecuada y sin servicios», que apuntan varios residentes indignados. «El PP hace negocio con la seguridad de los vecinos», puntualiza Alcázar para finalizar el encuentro, en el que les transmite todo su apoyo.