«Amenazaron a mi hijo con matar a su familia si contaba la agresión sexual»

La confesión llegó como un jarro de agua fría en una tarde del pasado octubre. Su hijo ni siquiera tuvo la iniciativa de hablar. Sentía una mezcla de «miedo y vergüenza», dice la madre. Fue un amigo –el testigo principal de la causa, a quien el presunto agresor trata ahora de incriminar– el que abrió la puerta a la confesión. «¿Le has dicho a tu madre lo que te ha pasado?», soltó el adolescente, que tiene 13 años. «A mí no me ha dicho nada, ¿qué ocurre?».

A partir de ahí, el menor relató lo sucedido meses antes en las instalaciones de la vieja piscina municipal en el barrio, donde dos compañeros de instituto lo habrían agredido sexualmente. La supuesta violación cesó cuando escucharon el ruido de una puerta que acababa de moverse. Tras el quicio estaba su amigo, a la postre testigo principal de la denuncia, quien confirmó e incluso amplió el testimonio de la víctima. «Yo le pregunté por qué les obedeció, por qué no forcejeó con ellos y se marchó de allí. Me dijo que lo habían amenazado con matarme a mí y a su padre, por eso no se resistió», explica la madre.

Al día siguiente, fue el director del instituto quien la llamó. Quería verla en persona para informarle de «un asunto delicado». Le contó el incidente del patio y las amenazas que el presunto agresor habría proferido sobre su hijo en el centro, y que habrían destapado la supuesta violación, tal y como adelantó ayer SUR. El centro abrió inmediatamente un protocolo ante posibles casos de maltrato o acoso en el ámbito escolar y la madre se dirigió a comisaría a interponer la correspondiente denuncia, que ha sido investigada por el Grupo de Menores (Grume).

Ella está convencida de que la discapacidad intelectual que sufre su hijo (41%) ha podido convertirlo en más vulnerable. «Es un niño muy bueno, saca buenas notas. Y ahora tengo que llevarlo al psicólogo por algo así», se lamenta la madre, que la semana pasada recibió una llamada de la Fiscalía de Menores en la que le aconsejaban que su hijo recibiera varias sesiones con el psicólogo para que este episodio le deje las menores secuelas posibles.

La mujer se lamenta de que, entre tanto, los supuestos responsables de la agresión sexual permanezcan en el mismo centro al que asiste su hijo, y en el caso de uno de ellos incluso comparta clase. Los letrados de IFS Abogados, con el director jurídico José Ignacio Francés al frente, solicitaron ayer al juzgado una orden de alejamiento de 500 metros respecto a la víctima y a su amigo, supuesto testigo de los hechos, argumentando las amenazas que ambos habrían venido sufriendo por parte de los denunciados y los amigos de estos.

La prohibición de acercarse a víctima y testigo se extiende no solo a sus domicilios, sino también al centro docente y a cualquier otro lugar que ambos menores frecuenten, lo que, a juicio de la acusación particular, implicaría el cambio de instituto de los denunciados. La solicitud se centra en los dos hermanos que, presuntamente, participaron en la agresión sexual.

Los abogados que asisten a la familia de la víctima consideran que la situación actual «resulta insostenible», sobre todo cuando aún están pendientes numerosas diligencias por practicar y está señalada para esta semana la declaración del testigo, cuya «protección es fundamental». Los letrados de IFS inciden en un episodio que ocurrió meses atrás. Según sostienen, los hermanos denunciados, acompañados de varios menores más, se presentaron en el domicilio del testigo «con un más que evidente ánimo de atemorizarlo y evitar que narrara lo sucedido». Al parecer, uno de los presuntos agresores habría llegado a enfrentarse a la madre del testigo y a amenazarla con que su familia «tomaría represalias contra ella».

Hay que recordar que el pasado 19 de enero, tal y como ha informado este periódico, el Juzgado de Menores número 1 de Málaga abrió diligencias de reforma contra uno de esos adolescentes, el mayor de los dos hermanos, de 14 años, ya que el otro tiene 11 y, por tanto, es inimputable. El mayor de ellos declaró en comisaría a raíz de la denuncia y negó por completo los hechos, acusando de la misma historia al que figura como testigo en la causa. Por su parte, la Fiscalía de Menores de Málaga tiene abiertas también unas diligencias de investigación para averiguar qué ocurrió, cómo sucedieron los hechos y quiénes participaron en ellos, según han explicado desde la Fiscalía Superior de Andalucía.