Los padres del cabo Soria, muerto en Líbano, exigen al Gobierno que asuma su responsabilidad

Los padres del cabo español Francisco Javier Soria Toledo, muerto el 28 de enero de 2015 a los 36 años por el impacto de un proyectil israelí en el sur de Líbano mientras se encontraba en una misión internacional de la ONU, exigieron ayer al Gobierno que asuma su responsabilidad en la muerte del soldado malagueño y pidieron una reunión con la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, o el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, para que les expliquen las causas del fallecimiento de su hijo, que califican de «asesinato», y admitan la responsabilidad gubernamental como han hecho con las familias de las víctimas del Yak-42.

Así lo expuso la madre del militar malagueño, Margarita Toledo, quien denunció que aún no han recibido una explicación oficial sobre las causas de la muerte de su hijo, de la que se enteraron por la televisión y que todo lo que conocen es a través de lo que se ha publicado en los medios de comunicación. Sostuvo que su hijo no murió en un acto de guerra porque estaba en una misión de paz y que hay testigos presenciales que declararon que el Ejército israelí estuvo durante dos horas disparando contra la posición en la que prestaba servicio el cabo Soria. «No me voy a callar y voy a luchar para que me den las explicaciones de lo que pasó», dijo.

Asimismo, se quejó de que nadie del Gobierno la haya recibido, aunque admitió que el Ejecutivo sí se entrevistó con su nuera, quien recibió una indemnización de unos 200.000 euros por parte de Israel, que asumió su responsabilidad en el ataque. «¿Tendremos que esperar catorce años a que nos reciban como las familias del Yak-42? ¿En manos de quien están nuestros militares?», se preguntó Margarita Toledo, quien añadió que se daría por satisfecha con una reunión con el Gobierno en la que éste asumiera la responsabilidad de lo ocurrido y le diera las explicaciones oportunas.

Recurso judicial

Toledo anunció que sus abogados han recurrido la sentencia del juez Fernando Andreu, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, en la que a principios de abril archivó la investigación por la muerte del cabo Soria con el argumento de que se trató de un «acto de guerra» y no de terrorismo, único supuesto en el que los tribunales españoles serían competentes tras el recorte de la jurisdicción universal.

La madre del militar malagueño compareció en el Ayuntamiento de la capital junto a los diputados de Unidos Podemos Miguel Ángel Bustamante, representante de la formación en la Comisión de Defensa, y Eva García Sempere y de la viceportavoz municipal de IU-Málaga para la Gente, Remedios Ramos.

Bustamante manifestó que llevarán al Congreso una pregunta con las exigencias de los padres del cabo Soria y pedirán un protocolo de actuación ante el fallecimiento de militares españoles en acto de servicio para evitar que haya «víctimas de primera y de segunda», como a su juicio se está produciendo en este caso con las del Yak-42 y el militar malagueño.

Ramos, por su parte, avanzó que van a presentar una moción en el próximo pleno con el objetivo de que se convierta institucional para que Málaga, ciudad natal de Francisco Javier Soria Toledo, haga un reconocimiento al militar con una calle, plaza o parque y con el otorgamiento de una Mención Honorífica Especial, distinción recogida en el reglamento de honores.