Urbanismo tiene por cobrar más de 50 millones de euros de convenios
Las operaciones de Martiricos, Sánchez Blanca y Hoyo de Esparteros adeudan fondos que podrían destinarse mejoras en la ciudad
Jesús Hinojosa
Martes, 2 de mayo 2017, 00:33
Al calor del llamado boom inmobiliario, el Ayuntamiento de la capital firmó a lo largo de la pasada década una serie de convenios urbanísticos por ... los que pronosticó ingresos millonarios para sus arcas a cambio de incrementar los derechos edificatorios en determinados enclaves de la ciudad. La crisis y el devenir de los años hizo que aquellos acuerdos bajaran desde el paraíso de la burbuja residencial, hasta el suelo de la cruda realidad económica del país, por lo que la mayor parte de ellos tuvieron que ser reformulados y revisados en muchos de sus conceptos. En algunos casos, esas modificaciones llevaron al Consistorio a aceptar la sustitución de las cantidades pendientes de cobro por pagos en especie con derechos urbanísticos en los proyectos asociados a esos convenios. Así sucedió en los casos de Repsol y La Térmica, donde la administración local posee gran parte de los desarrollos y aún está a la espera de poder hacer caja con ellos, si logra venderlos a algún inversor o promotor.
En otros casos, el equipo de gobierno municipal optó por pactar fórmulas de aplazamiento de los pagos con los promotores, o incluso por revisar las cantidades acordadas inicialmente. Consecuencia de esos cambios en los convenios primigenios es que, actualmente, la Gerencia de Urbanismo tenga pendientes de cobro más de 50 millones de euros, derivados de las operaciones de Sánchez Blanca, Martiricos y Hoyo de Esparteros.
La mayor cantidad pendiente corresponde al convenio de Sánchez Blanca, que se firmó en 2004 con la entonces promotora de esta urbanización, el grupo Prasa, y fue reformulado en 2011, una vez que la actuación había quedado en manos de Unicaja y de la inmobiliaria madrileña Andria. Sumados intereses, quedan por ingresar 34,6 millones de euros vinculados a este proyecto, que contempla la construcción de 3.443 viviendas en más de seiscientos mil metros cuadrados situados entre Intelhorce y Los Prados. Este 3 de mayo expira el plazo que tienen GIA (Unicaja) y Andria para abonar el dinero. Desde la entidad bancaria aseguran que hay voluntad de cumplir lo pactado, pero al mismo tiempo abogan por adaptar el proyecto a las actuales circunstancias del mercado, por lo que todo apunta a que el acuerdo económico que lleva asociado será modificado próximamente en algunos de sus aspectos.
La incertidumbre marca también el dinero por obtener del convenio correspondiente al proyecto para regenerar la zona de Hoyo de Esparteros, que incluye el controvertido hotel diseñado por Rafael Moneo. Unos siete millones de euros están pendientes de ingreso por esta actuación, que quedó bloqueada en julio del año pasado por el rechazo de los grupos políticos de la oposición a los últimos permisos que le restaban. Expirado el plazo concedido por el Ayuntamiento para el abono de esta cantidad, su promotora, la unión temporal de empresas Braser II, intenta reconducir el pago aportando parte en especie, con la entrega de uno de los edificios de oficinas que se levantará en la zona, para lo que Urbanismo le exige un aval que garantice ese supuesto. Esta opción tendría que ser refrendada por la Intervención municipal y el consejo de Urbanismo, en el que los grupos de la oposición son mayoría.
Obras en el entorno
Del convenio aparejado a la operación residencial de Martiricos, promovida por Espacio Medina formada por la promotora madrileña Espacio y Acinipo (Unicaja), Urbanismo debe percibir todavía más de nueve millones de euros que se destinarán a diferentes obras de urbanización del entorno, para adecuarlo a una actuación que contempla la construcción de 210 viviendas de protección oficial y 464 de renta libre, estas últimas en dos rascacielos de 30 plantas. La paralización del proyecto a consecuencia de la aparición de restos arqueológicos en el solar de las VPO ha demorado los hitos urbanísticos en los que deberían producirse los pagos pendientes. Tras superar varios trámites, las obras se retomarán próximamente.
Los nueve millones del convenio de Martiricos tienen un destino concreto, obras para mejorar la capacidad viaria del entorno, pero los cuarenta millones de los otros dos acuerdos engrosarán la caja municipal, si bien la ley delimita en qué puede emplearse este dinero. La normativa urbanística a nivel andaluz permite destinarlo, además de a la promoción de VPO, a actuaciones públicas dirigidas a la «mejora, conservación, mantenimiento y rehabilitación de la ciudad existente, preferentemente zonas degradadas». No obstante, la Ley del Suelo a nivel estatal obliga a que esas actuaciones no sean aisladas, sino que deben formar parte de una «estrategia administrativa global y unitaria».
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