El juez ordena el archivo de la pieza política del 'caso Edu' en Málaga

En esta pieza separada, una de las 28 abiertas por el juez, han sido investigados 12 funcionarios, entre ellos jefes de servicio, responsables de departamentos o técnicos de seguimiento de los cursos, e incluso el exdelegado de Empleo y director del SAE, Juan Carlos Lomeña, que ha sido representado en la causa por el abogado Diego Martín Reyes. La mayoría de esas causas ya han sido archivadas, al igual que ocurre ahora con la 'pieza política'.

Las pesquisas se han centrado en las convocatorias del 15 de diciembre de 2010, en la que se investigaron 17 empresas; y del 4 de noviembre del mismo año, por la que se puso la lupa sobre diez sociedades. El juez concluye que los investigados no habrían cometido los delitos de prevaricación y malversación, ya que, como han puesto de manifiesto las defensas, sí ha existido un sistema de seguimiento de las subvenciones, según el auto de archivo, al que ha tenido acceso SUR. El magistrado asegura que tampoco se ha detectado "indicio racional alguno de delito, fuera de las meras sospechas o conjeturas" sobre posibles connivencias entre los funcionarios y los beneficiarios de las ayudas.

El juez coincide con la Fiscalía -que también había pedido el sobreseimiento libre- en que "lo único que se ha comprobado es que la Administración Pública se ha visto desbordada" e incapaz de llevar a cabo el examen previo, control exhaustivo, seguimiento detallado y verificación pormenorizada del enorme número de cursos subvencionados (527) y de expedientes de formación ocupacional, que de 875 en 2009 pasó a 1.485 en 2010.