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El colegio Custodio Puga de Torre del Mar.

Más de 24.000 malagueños, obligados a demostrar que no tienen antecedentes penales por abusos

Es un requisito indispensable para todas las personas que trabajan en contacto con menores de edad

Alvaro Frías

Lunes, 30 de enero 2017, 00:36

El caso del profesor del colegio de Torre del Mar detenido tras confesar abusos sexuales a varias alumnas ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de mecanismos de control para que estos asuntos no se produzcan. Uno de ellos es el certificado de delitos de naturaleza sexual que todas aquellas personas que trabajan habitualmente con menores de edad deben presentar para poder realizar esa actividad. En Málaga ya lo han solicitado más de 24.500 personas.

La Ley 26/2015 de 28 de julio de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia introdujo la obligatoriedad de acreditar una certificación negativa de antecedentes penales por delitos sexuales para todas aquellas personas que trabajan con menores. Señala en concreto que «será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales».

El Ministerio de Justicia puso así en marcha el 1 de marzo del año pasado el citado registro, en el que se incluyen los datos de la identidad y del perfil genético de las personas condenadas mediante sentencia firme por este tipo de delitos, para que aquellos que necesitaran el certificado lo demandasen. El objetivo no era otro que establecer un mecanismo para facilitar la prevención, la investigación y la persecución de estos casos.

Arrancaba una nueva obligación para todas las personas que trabajan con menores, que debían demostrar a partir de esa fecha que carecían de antecedentes por estos delitos. Desde entonces hasta el 31 de diciembre que son los datos que Justicia dispone hasta ahora, el ministerio ha emitido casi dos millones de estos certificados en el país, siendo el porcentaje de positivos de un 0,03%.

Aunque a nivel local no concreta la cifra de casos afirmativos, los datos del ministerio muestran que en Málaga, que también aglutina las solicitudes de Melilla, se han demandado 24.501 certificados de penales en el citado periodo. Sin embargo, se trata de un dato orientativo, ya que hay diversas fórmulas de solicitar este documento, como de forma electrónica o vía telefónica, de las que no queda registrado el origen.

En cuanto a estos datos, 3.886 se hicieron a través de la colaboración entre administraciones, mientras que las otras 20.615 solicitudes presentadas en Málaga y Melilla se realizaron en la oficina del Ministerio de Justicia situada en Muelle de Heredia. De hecho, este verano, antes de que comenzase el curso escolar se registraron grandes colas en ella (algunos centros escolares se encargaron de pedir el certificado de sus profesores para facilitar el procedimiento).

Precisamente, el ámbito académico es uno de los que más solicitudes mueve. Esta certificación ha sido solicitada por unos 20.600 docentes en la provincia. En educación Infantil, Primaria y educación especial Málaga cuenta con 10.845 profesores. En cuanto a Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y enseñanzas de régimen especial (maestros de conservatorios de música, danza, idiomas o enseñanzas artísticas) hay otros 9.800 docentes.

Pero también afecta a los conductores de autobuses, a los auxiliares en los comedores, a los monitores de actividades extraescolares e incluso al personal de administración y conserjes. También debieron presentarlo los estudiantes de Ciencias de la Educación o del máster de profesorado que ahora empiezan a realizar las prácticas en los colegios en institutos. Médicos y alumnos en prácticas que trabajan en el Materno deben presentar también el certificado de penales.

Profesores

Desde las organizaciones sindicales se entiende que el certificado de penales es una exigencia legal, pero también un requisito para poder actuar como docente. Aun así, no consideran que sea el remedio definitivo. «Ni el certificado de penales ni nada puede evitar que se haga una acción de este tipo en un futuro», señala Francisco González, de la sección de Educación de CSIF, en referencia a lo sucedido en Torre del Mar. Para María Gracia del Amo, de ANPE, casos de abusos como este «son absolutamente excepcionales, imposibles de prevenir. Son protagonizados por personalidades patológicas que no representan al común de los docentes», dice.

Coincide Félix Martín, secretario provincial de Educación de Comisiones Obreras, en que es necesario exigir que «todo el que esté en contacto con menores, o vaya a estarlo, presente este certificado de no tener antecedentes, sería inconcebible que una persona con un delito de ese tipo pueda acercarse a los niños». Pero, claro, esto no evita que puedan suceder casos. «Al menos garantizamos que quien entra en la docencia no los había cometido con anterioridad. Lo que pueda suceder después ya es otra cuestión, que creo es imposible o muy difícil de predecir».

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