La comisión de Limasa se cierra el viernes mientras el futuro modelo sigue en el aire

No se aportan soluciones de futuro, pero estas cuestiones sí que sirven de argumentos a los tres grupos de izquierdas (PSOE, Málaga Ahora e IU-Málaga para la Gente) para insistir en la municipalización del servicio, mientras Ciudadanos, que preside la comisión, lo hace para defender la privatización. Donde siguen sin mojarse sobre el futuro de la empresa es en el equipo de gobierno del PP, donde el alcalde, Francisco de la Torre, sigue dispuesto a apostar por una gestión pública y destinar el ahorro económico que conllevaría a mejorar la limpieza, pero siempre condicionado a que los trabajadores acepten que parte del sueldo se supedite al cumplimiento de unos niveles de calidad y productividad. Sobre esta cuestión, el regidor desveló ayer su intención de tratar de zanjar el asunto esta misma semana.

En cuanto al resultado de la comisión, el PP se dedica en su escrito a negar cualquier anomalía o irregularidad en la gestión y en otras cuestiones como la compensación económica a la parte privada o en la contratación de personal. «Ha quedado demostrado que tanto en la gestión como en la supervisión de Limasa no se ha incurrido en irregularidad o infracción alguna», afirman los populares en sus conclusiones.

Las siete sesiones celebradas y, sobre todo, la numerosa documentación aportada a los grupos municipales, han permitido confirmar algunas realidades que ya se intuían, como que el Ayuntamiento no controla qué servicios realizan los socios privados con los dos millones anuales que vienen percibiendo desde 2001 a través del canon de asistencia técnica o que hasta las empresas que integran Limasa (FCC y Urbaser son los socios mayoritarios) reconocen que Málaga no está limpia. Además, en materia de contratación también se ha arrojado luz sobre los puestos hereditarios al constatarse que durante la última década han sido 196 los trabajadores que han pasado a fijos amparándose en las cláusulas del convenio que permiten que un familiar se pueda hacer con la plaza en caso de jubilación, invalidez o fallecimiento; además de conocerse que un tercio de la plantilla tiene al menos un compañero con sus dos mismos apellidos.

Durante estos meses han comparecido el alcalde; el gerente de la entidad, Rafael Arjona (en dos ocasiones); el director del Área de Sostenibilidad Medioambiental, Luis Medina-Montoya, y representantes de la parte privada, aunque la intervención que más polémica levantó fue la del presidente del comité de empresa, Manuel Belmonte, al asegurar que los partidos políticos habían colocado a trabajadores. Ciudadanos llevó sus declaraciones a la Fiscalía, aunque la prescripción del supuesto enchufismo al analizarse únicamente las contrataciones a partir de 2011 desinfló la investigación, que finalmente fue archivada.