El gobierno del PP tiene desde julio el informe del que depende la consulta de Repsol

Teniendo en cuenta que el Consistorio es titular de los derechos urbanísticos de tres de las cuatro torres de viviendas (la cuarta pertenece a la Sareb o banco malo) con un valor de 70,3 millones de euros según la tasación realizada hace una década en pleno boom del ladrillo, las partes acordaron preguntar al interventor si el cambio de proyecto para los suelos de los antiguos depósitos de Repsol podría dejarse en manos de los vecinos. Según ha podido confirmar este periódico, el habilitado nacional emitió su informe el 17 de julio y un día después fue remitido a Participación Ciudadana.

Desde entonces, el equipo de gobierno no ha informado a la oposición. Pese al secretismo, fuentes consultadas aseguran que el habilitado nacional considera que renunciar o no a los ingresos urbanísticos ligados al proyecto vigente es una decisión puramente política, por lo que no entra a valorar si puede o no puede hacerse la consulta popular que a finales de enero aprobaron por unanimidad los cinco grupos políticos (PP, PSOE, Málaga Ahora, Ciudadanos e IU-Málaga para la Gente).

Desde el PP califican el informe de contradictorio, por lo que han vuelto a solicitar un nuevo análisis, pero esta vez al Área de Economía. Mientras tanto, se siguen amparando en las dudas legales planteadas por el secretario, quien ofrece como alternativa organizar una encuesta o sondeo para tantear qué quieren los malagueños. Pero lo que no han hecho es informar a los grupos de la oposición de que el interventor ya se había pronunciado. Este periódico ha solicitado en reiteradas ocasiones acceder a su contenido, incluso por los cauces oficiales. También lo ha hecho IU-Málaga para la Gente, pero la respuesta siempre ha sido la misma: su contenido se dará a conocer en la próxima reunión de la mesa de trabajo, que en principio se convocará en octubre aunque de momento no tiene fecha fijada.

La encuesta no convence

Oficialmente, en las filas populares mantienen que la consulta popular no es viable, a la vez que descartan organizar una encuesta para no dejar en manos de una pequeña representación de la ciudad (la consulta establecía que podían votar todos los empadronados mayores de 16 años) el futuro de un proyecto desarrollable que en su conjunto puede suponer una inversión de 225 millones de euros.

En Ciudadanos tampoco ven factible la alternativa de la encuesta, por lo que inciden en buscar una salida negociada que, según sus pretensiones, pasaría por que el Ayuntamiento renunciara al menos a una torre para empezar a hablar, ya que la propuesta de la formación naranja contempla reducir a un tercio los usos urbanísticos para obtener 124.000 metros para el bosque urbano. Por su parte, los tres grupos de izquierdas (PSOE, Málaga Ahora e IU-Málaga para la Gente), que apuestan por destinar toda la finca a zona verde, insisten en cumplir el acuerdo plenario de finales de enero preguntando a los ciudadanos y asumiendo como vinculante el resultado.

Al equipo de gobierno (13 concejales) le bastaría con los tres concejales de Ciudadanos, su socio de investidura, para sumar una mayoría suficiente. Pero de momento la negociación tampoco avanza, puesto que mientras en las conversaciones con la formación naranja se trabaja con la premisa de que habrá que sacrificar alguna de las tres torres para salvar el resto del proyecto, el alcalde insiste en su objetivo de mantener los 177.548 metros cuadrados de techo edificable que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) contempla en esta parcela.