El fiscal pide imputar a 25 empresarios, cargos y funcionarios de la Junta por el 'caso Edu'

En la lista, que ahora estudia el magistrado, hay empresarios, funcionarios y cargos de la Administración autonómica. Según ha podido saber SUR, en total son unas 25 personas las que podrían ser citadas a declarar como imputadas por el caso Edu, tal y como solicitó el fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero.

La mayoría de los nombres de la relación corresponden a los beneficiarios de las subvenciones otorgadas en la resolución del 15 de diciembre de 2010, por la que se concedieron a 20 personas físicas o jurídicas por un montante de 1.722.558 euros. Los informes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional hablan de supuestas irregularidades en 17 de ellas, sobre las que se ha centrado el foco de la investigación.

El resto, hasta llegar a los 25 imputados propuestos por la Fiscalía, son funcionarios y altos cargos de la Junta que, en el periodo de las pesquisas, que se amplió a los años 2008, 2009 y 2011, tenían responsabilidad en la concesión de estos fondos públicos que ahora están bajo la lupa de la justicia.

Las investigaciones han detectado un posible tráfico de influencias que apuntaría directamente, con nombre y apellidos, a dos miembros de la Administración regional. Los indicios amasados por los agentes de la UDEF se extrajeron de los interrogatorios a más de 200 alumnos y a una treintena de profesores de los cursos de formación.

Uno de ellos manifestó que el dueño de una de las entidades investigadas se jactaba de tener una gran amistad con un responsable de la concesión de las subvenciones, según las fuentes consultadas. Al parecer, el mismo empresario habría confesado a uno de los tutores a los que contrató que le habían concedido numerosos cursos por su relación de amistad con un consejero. La policía comprobó que su empresa y las de su entorno familiar recibieron al menos 500.000 euros en ayudas en los últimos años.

Uno de los funcionarios investigados sería un técnico de la Junta, que al parecer tenía una relación de gran confianza con el administrador de una de las entidades de formación. Los agentes tratan de averiguar si eso habría influido en la gestión de los expedientes, como sugieren las declaraciones de varios alumnos y tutores, quienes aseguran que el funcionario no habría actuado ante las quejas que le trasladaron sobre los cursos que impartía esa empresa.

Falta de control

La policía, que aparte de este caso detectó una falta de control en el uso de las subvenciones, descubrió numerosas irregularidades en la gestión de los ciclos formativos por parte de las entidades beneficiarias. Los agentes observaron un incumplimiento generalizado del compromiso de contratación del 60% de los asistentes. Descubrieron situaciones tan singulares como convertir a alumnos en profesores en sólo unos meses para justificar el gasto docente y, al mismo tiempo, cumplir con el requisito de ofrecerle un trabajo. No obstante, la mayoría de los cursos eran impartidos por los propios dueños de las empresas o sus familiares, pese a que, en muchos casos, carecían de formación para ello.

Tras examinar los voluminosos informes aportados por la UDEF, el fiscal jefe de Málaga remitió a principios de mes una denuncia al juez decano ante la posible existencia de cinco presuntos delitos. En su escrito, el representante del Ministerio Público habla de fraude en las subvenciones, estafa, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias.