Borrell carga contra Ciudadanos, PP y Vox por llevar el 'caso Ábalos' a la Eurocámara

Pero el resultado ha sido un debate forzado, de bajo nivel para este hemiciclo; una réplica de las peleas domésticas en las que se confrontaron las acusaciones de deslealtad de los socios del Gobierno de coalición, con las duras críticas de la oposición «por abrir las puertas al chavismo». Del «no hay caso» para los primeros a «escándalo monumental» para los segundos. Los argumentos ya conocidos.

Y todo en poco más de media hora, con una decena de oradores (nueve de ellos españoles), muchos escaños vacíos en el hemiciclo y con el máximo responsable de la política exterior de la UE, Josep Borrell, como representante de una Comisión Europea que ha permanecido de perfil desde que se desveló el incidente. ¿Su argumento? Son los Estados miembros los que tienen que velar por el cumplimiento de las sanciones que ellos mismos han acordado. Y no se desvió de esa tesis.

Hasta en media docena de ocasiones (entre su intervención inicial en inglés y la que cerró el debate, ya en castellano) Borrell subrayó la misma idea: «La comisión no puede incoar procedimiento de infracción sobre una supuesta violación de medidas restrictivas». Porque las sanciones contra altos cargos del régimen de Maduro son europeas, sí, «pero implementarlas corresponde a los Estados». Las decidió el Consejo Europeo -la institución que agrupa a los líderes- y «no son Ley de la Unión (Union Law), así que la Comisión no puede intervenir».

Un tono formal, institucional, que abandonó en el tramo final de su alocución. «Ustedes son eurodiputados y deberían saberlo. Y si les sorprende, tendrán que estudiar un poco más», les dijo desafiante Borrell a diputados de Ciudadanos, PP y Vox. Estaba relajado. Ni una pregunta incómoda. Ni siquiera tuvo que aclarar qué sucedería cuándo un país supuestamente se salta las normas. La duda queda abierta.

En la discusión previa solo había recibido un reproche directo, el de Jordi Cañas (Ciudadanos), que fue el que consiguió que se celebrara este debate. Acusó a Borrell de ejercer más como ministro de Exteriores que como alto representante europeo. Y a la Comisión de «no hacer nada, pese a tener el rol de velar por el cumplimiento de las sanciones». Lamentó que ni España notificase la llegada de la vicepresidenta venezolana aquella madrugada a Barajas ni el Consejo le haya exigido explicaciones hasta la fecha. «¿Dónde está entonces la legitimidad de la política europea y de está cámara?», lanzó. El popular Leopoldo López Gil, padre de Leopoldo López, el líder opositor venezolano refugiado en la embajada de España en Caracas, pidió la apertura de una «investigación» a las autoridades europeas.

Desde los escaños socialistas y de sus socios de izquierdas se remarcó que el debate «no corresponde a la Eurocámara sino al Congreso de los Diputados», dijo Mónica Silvana. Su compañero socialista, Javi López, acusó a PP, Ciudadanos y Vox de «intentar tapar sus problemas sin importarles ni Venezuela ni España». Y Ernest Urtasun, desde las filas de Los Verdes, pidió «disculpas por un debate lamentable» que, a su juicio, «degrada la imagen española en esta Cámara».