Irán prepara una amnistía para «un número significativo» de participantes en las protestas

Tal y como informó este domingo la agencia oficial de noticias iraní IRNA, la amnistía se concederá con motivo de la próxima conmemoración del 44 aniversario de la revolución islámica, el 11 de febrero de 1979. El histórico levantamiento supuso el fin de la dinastía Pahlevi al frente del país fue liderada por el ayatolá Ruhollah Jomeini, del que Alí jamenei es sucesor como líder supremo desde 1989.

Según detallaron los medios iraníes, la medida de gracia planteada se ajusta al artículo 110 de la Constitución de Irán, que «otorga al líder el derecho de indultar o reducir las sentencias de los condenados por recomendación del titular del Poder Judicial». Sin embargo, la amnistía está sujeta a varias condiciones y no todos los penados o acusados podrán beneficiarse de ella. De entrada, no se aplicaría a ninguno de los numerosos ciudadanos con doble nacionalidad detenidos. Tampoco alcanzaría a los acusados de «espiar para agencias extranjeras» o a los «afiliados a grupos hostiles a la República Islámica».

De acuerdo con los términos estipulados por la Judicatura, serían merecedores de esta amnistía aquellos imputados y condenados que «no hayan cometido espionaje, homicidio doloso o lesiones, ni destrucción de la propiedad pública». Tampoco se indultará a quienes no expresen «arrepentimiento por sus actividades y se comprometan por escrito a no repetirlas».

Jamenei acepta de este modo la propuesta formulada por el jefe de la Judicatura iraní, Gholamhosein Mohseni Ejei, quien le ha explicado por escrito que «un número notable de estos reclusos se arrepienten de sus crímenes y han pedido perdón tras la divulgación de las tramas urdidas por los enemigos extranjeros y las corrientes antirrevolucionarias y antipopulares». Aunque ha reconocido excesos ocasionales en la dura represión de las protestas, el Gobierno iraní ha achacado por sistema las manifestaciones a la intervención de «alborotadores», muchos de ellos a sueldo de «potencias extranjeras».

Las protestas se han saldado hasta el momento con entre 481 y 522 fallecidos, entre ellos 68 miembros de las fuerzas de seguridad del país, según ONG especializadas en el seguimiento de la crisis. De acuerdo con la ONG Hrana, hasta 19.600 personas han sido detenidas desde el estallido de las protestas, de las cuales 713 han sido ya condenadas por un tribunal iraní.

Los grupos de derechos humanos afirman que entre los cerca de de 500 muertos en la represión hay 70 menores. Al menos cuatro personas han sido ahorcadas, según la justicia iraní, y 109 están amenazadas por la posibilidad de acabar en la horca. de hecho, las autoridades del país han señalado que las protestas remitieron de forma notable desde que comenzaron a ejecutarse las penas capitales. Por su parte, Amnistía Internacional ha criticado a las autoridades iraníes por lo que ha calificado de «juicios farsa concebidos para intimidar a quienes participan en el levantamiento popular que ha sacudido Irán».

En cualquier caso, el Gobierno iraní espera que este indulto alcance a «decenas de miles de convictos», entre ellos los participantes en las manifestaciones, aunque se desconoce el número exacto que podrían encajar con todos los criterios mencionados..

Por su parte, uno de los principales opositores de Irán, Mir Hosein Musavi, pide un «cambio fundamental» en el sistema político del país, que se enfrenta a una «crisis de legitimidad» con el movimiento de protesta por la muerte de Mahsa Amini. «Irán y los iraníes necesitan y están preparados para un cambio fundamental, cuyas líneas maestras están siendo trazadas por el movimiento puro Mujeres-Vida-Libertad», ha dicho Musavi en una declaración en su sitio web y recogida por los medios locales este domingo.

Musavi, de 80 años y candidato perdedor a las elecciones presidenciales de 2009, lleva 12 en arresto domiciliario en Teherán junto a su esposa Zahra Rahnavard pero no han sido acusados. El opositor propone que se celebre un «referéndum libre y justo sobre la necesidad o no de redactar una nueva Constitución», porque la actual «estructura» del sistema es «insostenible».