La Fiscalía francesa pide inhabilitar a Marine Le Pen durante cinco años

El Ministerio Público ha solicitado en el Tribunal de París esta condena por los delitos de «desvío de fondos públicos» y «complicidad». Los otros acusados -hasta 26, aunque Jean-Marie Le Pen (fundador de la formación) y otro dirigente no comparecen debido a su estado de salud- también hacen frente a penas de prisión e inhabilitación de entre tres años y seis meses. Además, la petición de la Fiscalía incluye multas de entre 200.000 y 10.000 euros. Se trata de un castigo más severo del sufrido a principios de año por dirigentes de la formación centrista MoDem en otro caso parecido, pero con una escala menor.

La sentencia del juicio a Le Pen no se conocerá hasta principios de 2025. Si el veredicto resulta condenatorio, el Tribunal deberá pronunciar automáticamente una pena de inhabilitación de al menos cinco años, salvo una decisión especial por parte de la corte. Así lo determina una ley anticorrupción aprobada en 2016 y que se aplica en este affaire.

En concreto, la Justicia acusa a los dirigentes de RN de haber utilizado a sus asistentes en la Eurocámara para que trabajaran para el partido en lugar de ejercer labores parlamentarias. Esa trama duró entre 2004 y 2016. Inicialmente, el Parlamento Europeo cifró en 7 millones de euros el impacto de ese sistema, pero luego lo rebajó a 4,5 millones. Una parte de ellos ya han sido devueltos por esta formación nacionalista y xenófoba.

«Crearon una máquina de guerra para desviar hasta la última miga», ha asegurado la acusación sobre un modo de funcionamiento que se acentuó a partir de 2014. Tras ganar ese año las elecciones europeas en Francia, el Frente Nacional (cambió de nombre en 2018) disponía de más de 20 eurodiputados y vio una fuente de recursos en los 21.000 euros mensuales que el Parlamento Europeo pone a disposición para cada uno de sus representantes.

Entonces, «el partido se encontraba en una situación financiera especialmente delicada. Y utilizó de manera sistemática todo aquello que pudiera servirle para disminuir sus gastos», ya fuera «legal o no», ha explicado la fiscal Louise Neyton.

Los representantes del Ministerio Público han detallado los supuestos delitos cometidos por nueve exeurodiputados, doce asistentes, expertos en contabilidad y el entonces tesorero de la formación. Han hablado, por ejemplo, del caso de Thierry Léger, el histórico guardaespaldas de Jean-Marie Le Pen que fue contratado como asistente de Fernand Le Rachinel, otro representante europeo entre 2005 y 2009.

«Solo iba a Bruselas cuando Jean-Marie Le Pen estaba allí y no iba si no estaba Le Pen», ha dicho el fiscal. «Se trata de un empleo ficticio. No porque no hubiera trabajado, sino porque esas tareas no fueron financiadas por la persona que se benefició de ellas», ha explicado.

«A pesar de que Wallerand de Saint-Just (tesorero) tenía un rol primordial, todo dependía de la señora Le Pen», han afirmado los fiscales, quienes han calificado de «inéditos» este desvío de fondos públicos por «su cantidad» y «su duración». La líder de RN, presente en la audiencia, negó varias veces con la cabeza e hizo alguna carcajada ante este tipo de acusaciones. Aunque en el inicio del proceso se mostraba confiada con la sentencia, ahora parece cada vez más resignada ante una posible condena. Ha acusado a los jueces en varias ocasiones de «someterlos a una presunción de culpabilidad».

«Espero que el Tribunal no tendrá en cuenta esta petición de pena» porque «no han aportado ninguna prueba salvo algunos correos electrónicos y mensajes de texto. (…) Lo único que interesa a la Fiscalía es acabar con mi carrera política», ha declarado Le Pen al término de una larga sesión. Si los magistrados siguen la petición de la Fiscalía, su futuro podría verse en entredicho. Incluso su candidatura en las próximas elecciones presidenciales, previstas para 2027.