Familiares de víctimas del covid exigen que Boris Johnson pierda sus privilegios de ex primer ministro

El documento, dirigido por la jueza retirada y miembro independiente de la Cámara de los Lores Heather Hallett, considera que si el confinamiento se hubiese impuesto el 16 de marzo de 2020 -una semana antes de la fecha adoptada- podría haberse reducido casi a la mitad la mortalidad durante la primera ola, lo que equivale a unas 23.000 vidas que habrían podido salvarse.

El informe describe febrero de 2020 como un mes perdido, sin reuniones presididas por el primer ministro en el comité de emergencia Cobra y en el que la actividad gubernamental se ralentizó pese a la evidencia internacional sobre la rápida expansión del virus. Johnson permaneció de vacaciones en la residencia oficial de Chevening sin recibir actualizaciones diarias sobre la situación epidemiológica, mientras persistía la ausencia de un sistema de pruebas funcional y resultaba imposible determinar el alcance real de la transmisión comunitaria. La combinación de falta de preparación, indecisión y carencias en la planificación derivó en que, a comienzos de marzo, la situación fuera «casi calamitosa».

La investigación ofrece un análisis crítico de la dinámica interna del número 10 de Downing Street, al sostener que Johnson había fomentado una atmósfera «tóxica y caótica» con cambios frecuentes de criterio y sin decisiones oportunas. La mayor parte de los reproches del informe están dirigidos al liderazgo del 'premier', al considerar que no apreció con la urgencia necesaria la escala del problema y retrasó decisiones clave. Tras el confinamiento inicial, el documento describe cómo se repitieron patrones de lentitud, con una relajación «imprudente» de restricciones en el verano de 2020 y un alivio previsto para el período navideño que, según sus conclusiones, generó expectativas infundadas.

La reacción de los familiares de las víctimas del virus, unidas en el grupo Covid-19 Bereaved Families for Justice UK, fue inmediata. Esta organización, integrada por unas 7.000 personas, cree que el informe demuestra que Johnson postergó decisiones esenciales, ignoró recomendaciones y puso «su reputación política por delante de la seguridad pública». En un comunicado sostienen que las actuaciones del entonces primer ministro constituyeron «una de las traiciones más graves a la ciudadanía británica en la historia reciente» y que esos fallos provocaron decenas de miles de muertos que habrían podido salvarse.

El grupo tiene intención de explorar todas las vías legales disponibles para exigir responsabilidades y reclama que se le retiren a Johnson los beneficios asociados a su condición de ex primer ministro, entre ellos su pensión ministerial, su puesto en el Consejo Privado y el acceso a la Public Duty Costs Allowance, una asignación que permite solicitar hasta 115.000 libras anuales y que el líder conservador percibió íntegramente en el ejercicio 2024-2025.

Las reacciones políticas llegaron de inmediato. El exministro Michael Gove pidió en BBC Radio 4 «perdón, en nombre del Gobierno y también del Partido Conservador, por los errores» aunque, a su juicio, no está bien afirmar que un confinamiento adelantado habría salvado con certeza 23.000 vidas. El líder liberal demócrata, Ed Davey, consideró que la ciudadanía «nunca perdonará a los conservadores por dejar al país sin rumbo y vulnerable», mientras que el actual 'premier', Keir Starmer, difundió una declaración parlamentaria en la que asumió los fallos señalados por el informe y aclaró que se han realizado mejoras para responder a emergencias de gran escala.

El grupo de familiares de las víctimas insistió en que la justicia no será completa sin responsabilidades individuales, y advirtió de que continuará sus esfuerzos hasta que se materialicen las consecuencias que consideran necesarias para reparar el daño sufrido.