La Navidad llega al corredor de la muerte

También es una feliz Navidad para Daryl Lawrence. Acabó con la vida de un policía mientras atracaba un banco. Desde 2006 ha estado esperando su ejecución en un penal de Ohio sin saber cuándo escucharía los últimos villancicos.

Como Ronald Mikos, sentenciado en 2005 a la pena capital, aunque en el Estado de Illinois. Mikos es conocido como el 'asesino de Medicare'. Podólogo de profesión, un tribunal federal de Chicago le encausó por girar falsas facturas médicas al sistema de salud estadounidense en un fraude calculado en 1,2 millones de dólares. El juzgado citó a una enfermera, Joyce Brannon, como testigo. El acusado le pidió reiteradamente que no declarase. Ante sus negativas, acudió días antes del juicio a visitarla y le disparó seis veces en la cabeza, la espalda y el cuello. Mikos tiene cinco hijos. Según su pareja, era muy cariñoso con ellos. Dos no quisieron aparecer por el tribunal.

Otra gran Nochebuena es la que este martes celebrará Alejandro Enrique Ramírez Umaña, aunque siga en prisión y por mucho tiempo. Es probable que sus cuatro víctimas confirmadas –existen sospechas de una quinta– se revuelvan en sus tumbas porque Ramírez ya no vaya a reunirse con ellas tras recibir la inyección letal. De origen salvadoreño, llegó ilegalmente a Estados Unidos a principios de este siglo con la misión de fortalecer una facción de la Mara Salvatruchas en Carolina del Norte. Le pudo el ansia de poder. En 2007 se decidió a ascender en el escalafón de la banda. Entró en un restaurante de Greensboro, al norte del Estado, y abatió a tiros a dos hermanos, también hispanos como él, que comían en una de las mesas.

Antes del juicio se descubrió que no eran sus primeros asesinatos. Dos años antes había fortalecido su fama de pandillero peligroso con otro doble crimen en Los Angeles. Desde 2010 viste el mono naranja. Un tribunal deseoso de «sacar a las bandas de las calles» se cruzó en su camino.

El presidente Joe Biden también forma parte ahora de su destino. Ramírez, Marcivicci, Mikos y Lawrence son cuatro de los 37 presos federales a los que ha conmutado la pena capital por una condena de cadena perpetua. No perderán la vida, pero tampoco volverán a pisar la calle. La medida incluye que nunca puedan beneficiarse de la libertad condicional. Sus crímenes han causado «pérdidas inimaginables», dice el mandatario, apenas un mes antes de que ceda el Despacho Oval al republicano Donald Trump.

No obstante, la decisión presidencial supone vacíar prácticamente el corredor de la muerte federal, en el que solo quedarán tres condenados cuyos delitos hacen inviable cualquier señal de gracia incluso para la Casa Blanca: Robert D. Bowers , de 52 años. el asesino múltiple que en 2018 mató a tiros a once fieles en una sinagoga en Pittsburgh; Dylan Roof, un supremacista blanco que en 2015 asaltó la Iglesia Metodista Episcopal Africana de Charleston y segó nueve vidas; y Dzhokhar Tsarnaev, el conocido terrorista que hizo explotar una bomba en la maratón de Boston en 2013. Tres personas murieron y más de doscientas resultaron heridas.

La iniciativa –numerosa en decretos– que Biden ha hecho pública este lunes carece de precedentes en la larga historia de los perdones presidenciales. El mandatario ha hecho caso a las organizaciones pro-derechos humanos que temen una inminente cadena de ejecuciones tras la investidura de Trump el próximo 20 de enero, pero ha profundizado en un debate que divide a la sociedad e incrementado el estupor de los estadounidenses ante su frenético afán de perdón.

Primero indultó a su hijo Hunter Biden, de modo que su sucesor no pueda llevarle a los tribunales por delito alguno. Luego perdonó a cerca de 1.500 condenados por delitos menores en otra decisión polémica y ahora se ha mostrado indulgente con 37 de los 40 sentenciados al gas nitrógeno o la inyección letal por delitos federales; un apartado en el que se encuadran el secuestro, los actos de terrorismo, asesinatos masivos y espionaje., entre otros. En la lista de conmutaciones del presidente no figuran los reos sentenciados a muerte por delitos estatales, cuya competencia corresponde a los gobernadores de cada Estado. En casi una treintena esta pena ha sido abolida o se mantiene conmgelada.

Aministía Internacional ha sido la primera organización en felicitar al líder demócrata. Como ella, otras ONG habían requerido al presidente que tomara la medida de gracia, convencidas de que la futura Administración republicana reactivará la pena capital a nivel federal. El Gobierno de Trump llevó a cabo trece ejecuciones al final de su anterior mandato, tres de ellas incluso durante los primeros días de 2021 cuando su gabinete se hallaba ya en pleno proceso de transición a los demócratas. Por su parte, Biden instauró una moratoria que se ha prolongado durante los últimos cuatro años.

En estos últimos cuatro años la Justicia estadounidense ha impuesto la pena capital a más de 2.000 personas por delitos estatales, pese a las campañas celebradas por un amplio sector demócrata para detenerlas. Los opositores las consideran «racistas» –la mayoría de los inculpados son negros o pertenecen a otras minorías–y un nefasto ejemplo para el resto de Occidente. «Hay razones tanto en términos de justicia racial» como en lo relativo a lo que «dice a nivel nacional y al mundo acerca de nuestros valores» para eliminar las ejecuciones y hacer que los condenados «pasen el resto de su vida en prisión», dijo este domingo el senador por Delaware Chris Coons en la cadena CNN.

Las 25 ejecuciones realizadas este 2024 en Estados Unidos lo han sido en territorios conservadores, como Alabama, Texas, Carolina del Sur, Florida o Georgia. La última tuvo lugar a finales de noviembre en un penal de Oklahoma. La inyección letal acabó con la vida de Kevin Ray Underwood, de 45 años, sentenciado por el asesinato de una niña hace más de una década. Joseph Corcoran, de 49 años, también fue ajusticiado el mes pasado por matar a su hermano y otras tres personas. La sentencia se cumplió en Indiana, donde nadie había sido ejecutado desde 2009 por la negativa de las farmacéuticas a suministrar los medicamentos necesarios para la combinación mortal.

Biden conoce las posibles repercusiones de su conmutación, pero también es cierto que quiere pasar a la Historia como un presidente compasivo, progresista y desafiante ante una nueva Administración liderada por un hombre incomprensible y resentido. Su indulgencia va directa al corazón del 44% de los estadounidenses que se oponen a la pena de muerte y al enardecimiento de los congresistas y gobernadores demócratas que llevan años luchando por la abolición.

Para muchos detractores, la pena capital supone un anacronismo y un castigo sin sentido. Una cuarta parte de los presos pasan al menos un cuarto de siglo esperando su ejecución. Muchos de ellos fallecen antes en el corredor por causas naturales. Por no hablar de los 1.300 reclusos sentenciados a muerte que están encerrados en penales de Estados donde no se aplica esta norma.

El presidente ha destacado que los únicos tres reos para quienes mantiene la condena inicial han protagonizado delitos de «terrorismo y asesinato en masa motivados por el odio». Respecto al resto, ha dejado claro que no les indulta, sino que les ha cambiado su sentencia por una cadena perpetua. «No se equivoquen: condeno a estos asesinos, lamento a las víctimas de sus actos despreciables y me duele la vida de todas las familias que han sufrido pérdidas inimaginables e irreparables», subraya en el comunicado emitido por la Casa Blanca, donde también se han recibido cartas rechazando cualquier indulgencia por parte de decenas de familiares de víctimas.

«Pero guiado por mi conciencia y mi experiencia, estoy más convencido que nunca de que debemos detener el uso de la pena de muerte a nivel federal», añade el mandatario. Biden explica que su «conciencia» no le deja «quedarme con los brazos cruzados y permitir que una nueva Administración reanude las ejecuciones que yo detuve».