El procesamiento de Cristina de Kirchner agrava la crisis política en Argentina

«La sentencia ya estaba escrita», recordó Cristina Fernández, algo que ya había dicho en la declaración indagatoria que realizó en 2019, en un discurso que emite este martes a través de sus redes sociales desde su despacho en el Senado -del que es presidenta- al cuestionar que la Justicia rechazara su pedido de ampliar su declaración indagatoria en esta etapa del juicio.

El procesamiento de la exmandataria agrava la crisis que atraviesa el país, lastrado por una galopante inflación. El Gobierno, que ha sufrido varias remodelaciones en las últimas semanas, ha experimentado varias fracturas en el ala kirchnerista y el peronismo. De hecho, el presidente, Alberto Fernández, no se habla con su vicepresidenta, aunque ha tildado el juicio contra ella de «persecución judicial y política».

Cristina Fernández está acusada por el presunto delito de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos, debido a supuestas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante su mandato entre 2007 y 2015 y del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) en la austral provincia de Santa Cruz.

«Los fiscales pudieron leer su guion durante nueve jornadas. Me hubiera gustado hablar frente al tribunal», dijo este martes Cristina Fernández, para luego quejarse de que no le hayan permitido transmitir ni televisar la declaración indagatoria en 2019 y que ahora le rechazaran la ampliación de su indagatoria.

«No debía sorprenderme porque, tal como dije en esa oportunidad, la sentencia ya estaba escrita», indicó.

Acompañada por los cánticos de centenares de seguidores que se reunieron a las puertas del Congreso, la exmandataria relató de forma cronológica los pormenores de una investigación -conocida como 'Causa Vialidad'- que supuso, en su opinión, una «feroz campaña política y mediática» en su contra, basada en supuestos sobreprecios en torno a la construcción de «rutas inexistentes» en la provincia sureña de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.

Durante su alocución, la vicepresidenta argumentó que no existen pruebas en su contra y que ninguno de los citados a declarar durante el juicio apoyó con su testimonio la versión de los fiscales, a quienes culpó de adoptar el «guion» de los medios de comunicación afines a la actual oposición política.

Fernández, que en los últimos años ha sorteado los pedidos de prisión preventiva dictados en su contra en diversas causas -en muchas de las cuales fue sobreseída- gracias a los fueros que le protegen, siempre ha defendido su inocencia y ha asegurado ser blanco de una persecución política.

En caso de que fuese condenada, la vicepresidenta, de 69 años y quien en principio goza de fueros hasta diciembre de 2023, tendrá el derecho de recurrir la sentencia ante tribunales superiores.