Bukele «limpia» la «casa» salvadoreña de obstáculos a su gestión

Aunque nadie lo daba por hecho, era una operación cantada. Los frecuentes bloqueos judiciales a los decretos gubernamentales sobre la gestión de la pandemia habían colmado la paciencia del jefe del Ejecutivo, que incluso dijo en agosto que «si hubiera sido de verdad un dictador», los «habría fusilado a todos o algo así». El Salvador ha registrado en un año 69.000 contagios y cerca de 3.000 fallecimientos.

La Asamblea también apoyó este domingo la destitución del fiscal general, Raúl Melara, cuyo cargo expiraba en 2022. La razón fueron sus «vínculos» con el partido opositor Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que «ponen en tela de juicio su imparcialidad»

Lo que precisamente la oposición ha calificado de «golpe de Estado» tuvo también repercusiones internacionales de envergadura. Así, el asesor de la Casa Blanca para América Latina amonestó a Bukele y le advirtió que si quiere conservar una «relación fuerte» entre El Salvador y EE UU debe cuidar la «separación de poderes». También el secretario de Estado, Antony Blinken, alertó de que «un Poder Judicial independiente es esencial para la gobernabilidad democrática» y defendió a Melara, a quien definió como «un socio eficaz» contra el crimen.

Otros países como Costa Rica o la Organización de Estados Americanos (OEA) coincidieron en expresar su «preocupación» por la decisión de la Asamblea, que elimina «el sistema de pesos y contrapesos» que debe mandar en un Estado de Derecho. Human Rights Watch señaló directamente que el mandatario salvadoreño busca «concentrar todo el poder».

Pese al indudable calado de los críticos, la respuesta del presidente a todos ellos fue inmediata y sin medias tintas: «A nuestros amigos de la comunidad internacional, queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos. Nuestras puertas están más abiertas que nunca. Pero con todo respeto: estamos limpiando nuestra casa, y eso no es de su incumbencia», puntualizó en Twitter.

Su carisma y un programa aparentemente en contra de los privilegios políticos llevaron a Bukele al más alto cargo de El Salvador en 2019. El pasado marzo reafirmó su aceptación en unos comicios en los que Nuevas Ideas, su partido, y sus aliados lograron 64 de los 80 escaños del Parlamento unicameral. El sábado fue día de estreno en la Asamblea y en dos días la coalición oficialista ha suspendido a los miembros del tribunal y nombrado a sus sustitutos en un hemiciclo blindado por las fuerzas de seguridad.

El primer análisis apunta a que Bukele no ha infringido la legalidad, aunque puede dudarse de otros cumplimientos con la ética y las reglas democráticas. Los comicios legislativos tienen una continuidad en las denominadas elecciones de segundo grado, donde la mayoría parlamentaria cuenta con la atribución de efectuar nombramientos en la Fiscalía, la Corte Suprema o el Tribunal de Cuentas, entre otros organismos. Y eso es lo que ha hecho la Asamblea, con el apoyo de los 64 votos de la mayoría

El presidente de la oposición, Erick Salguero, lamentó que la decisión «anule la separación de poderes y sepulte a El Salvador como República». Pese a que la destitución es una facultad contemplada en la Constitución, tal y como recordó ayer el presidente, algunos críticos ponían el índice en que el cese de los juristas tiene un origen político y no en una irregularidad legal.

Los choques con el tribunal vienen desde el origen de la pandemia. Alarmado por la transmisión del virus, el notable movimiento transfronterizo de los trabajadores salvadoreños y un frágil sistema sanitario, Bukele fue uno de los primeros gobernantes en imponer en marzo de 2020 un severo confinamiento, en el que los infractores podían ser detenidos y obligados a pasar toda la cuarentena en un centro de detención.

El presidente ha mantenido desde entonces un duelo casi personal con el órgano máximo interprete de la Carta Magna salvadoreña, que le ha derogado por «inconstitucional» o por limitar «los derechos ciudadanos» hasta once decretos y dos declaraciones de estado de emergencia. Bukele ha acusado a los juristas de anteponer los «intereses particulares sobre la salud y la vida de toda la población» y de «ordenar al Gobierno que asesinen a decenas de miles de salvadoreños» con sus sentencias.