La paz en Colombia, más cerca que nunca

Satisfacer las expectativas y justas reclamaciones de las víctimas en cuanto a verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición fue durante 18 meses una ecuación casi imposible de resolver para las partes que este martes anunciaron por fin el esperado arreglo. "Con este acto, comienza a aparecer el rostro de la paz. La paz es posible. Llegó la hora de creer", resumió el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, en la declaración que ofreció en La Habana.

De la Calle, que siempre ha sido cauteloso en sus declaraciones para no crear falsas expectativas, hoy se atrevió a vaticinar que el acuerdo sobre víctimas "pronostica el posible fin del conflicto y el advenimiento de una paz firme". Esto no quiere decir que la paz ya sea un hecho porque falta concluir el quinto punto de la agenda de diálogos, el del fin del conflicto, pero es evidente que el tema de las víctimas, por su complejidad, fue el mayor escollo del proceso iniciado el 19 de noviembre de 2012 en la capital cubana.

Las dificultades estuvieron siempre en la negativa de las FARC a aceptar su condición de victimarios y en consecuencia a someterse a la justicia colombiana con todo lo que ella implica en materia de responsabilidad penal por los crímenes cometidos, entre ellos los de lesa humanidad, que no serán objeto de amnistía en ningún caso. Para el Gobierno estas condiciones fueron fundamentales porque el precio de la paz no podía ser la impunidad en un proceso que se ha caracterizado justamente por poner a la víctimas en el centro de la negociación.

"La importancia de este acuerdo es que queda absolutamente claro que las FARC aceptan someterse a una jurisdicción del Estado colombiano, exponerse a que sus miembros sean declarados responsables por la comisión de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra y que pagarán las sanciones que se les impongan", afirmó el ministro de Justicia, Yesid Reyes.

Alto el fuego bilateral y otros puntos pendientes

La base del acuerdo sobre justicia había sido anunciada el pasado 23 de septiembre en La Habana, donde el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y el máximo jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias "Timochenko", protagonizaron un histórico apretón de manos y fijaron el 23 de marzo de 2016 como fecha última para la firma de la paz, pero pasó mucha agua debajo de los puentes hasta llegar al anuncio de este martes.

En el centro de este modelo está un sistema integral de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición, válido tanto para guerrilleros como para agentes del Estado y civiles que de alguna manera hayan tomado parte en el conflicto armado que se arrastra desde hace medio siglo.

Este sistema integral de justicia tiene cinco patas de cuya correcta aplicación dependerá en gran medida la consolidación de la paz en el país tras la firma del acuerdo definitivo. Son la creación de una Comisión de la Verdad, la unidad especial de búsqueda de desaparecidos, la Jurisdicción Especial para la Paz, las medidas de reparación integral y las garantías de no repetición. De ellas se desprenden siete mecanismos judiciales y no judiciales para satisfacer los derechos de las víctimas, no solo desde el punto de vista simbólico sino también material mediante resarcimientos por los daños causados.

Parte fundamental de este proceso será el Tribunal Especial para la Paz que manejará todos los procesos y que impartirá justicia con penas que van desde la "restricción" de la libertad y que no implican cárcel, hasta condenas a entre 15 y 20 años dependiendo de la gravedad del delito y el grado de colaboración de los implicados.

Antes de que la rueda de la justicia eche andar, los negociadores tendrán que concluir el último punto de los diálogos, el de fin del conflicto, que incluye el alto el fuego bilateral, la dejación de armas y desmovilización de guerrilleros para volver a la vida civil, asuntos en los cuales han adelantado trabajo subcomisiones de militares y guerrilleros.

Estos puntos, el de víctimas y el de fin del conflicto, se sumarán a los tres alcanzados en los primeros 18 meses de negociación, referentes a tierras y desarrollo rural, participación política y drogas y cultivos ilícitos, que completan el abanico de cambios que vivirá el país a partir de la firma de la paz que hoy, después de medio siglo de conflicto, parece estar por fin a la vuelta de la esquina.