Detienen en Turquía a otras 125 personas por supuestos vínculos terroristas

El Gobierno turco, que ha atribuido a los milicianos del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y a Estado Islámico la autoría de los últimos atentados que se han registrado en el país, se enfrenta a una serie de desafíos y amenazas.

El Ministerio del Interior ha señalado a través de un comunicado que 1.067 de los sospechosos interrogados podrían tener vínculos con el PKK, el cual figura como organización terrorista en EE UU, Turquía y la Unión Europea. Entre ellos se encontraban al menos 501 sospechosos de estar relacionados con el influyente clérigo Fetulá Gülen, al que el Gobierno turco acusa de haber orquestado el intento de golpe de Estado que tuvo lugar el 15 de julio.

Las autoridades han señalado que al menos una veintena de personas han sido arrestadas por vínculos con el Daesh. Desde que se produjo la intentona golpista, el Gobierno turco ha suspendido a más de 100.000 funcionarios y ha detenido a cerca de 40.000 personas.

Destituyen a 277 jueces más

El Consejo Supremo de Jueces y Fiscales de Turquía (HSYK) ha destituido a 227 jueces y fiscales por su presunta vinculación al clérigo turco exiliado Fetulá Gülen, al que las autoridades turcas atribuyen el intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016. Tras este anuncio, son ya 3.886 los jueces y fiscales destituidos desde la asonada frustrada.

Además, el HSYK ha ordenado la apertura de una investigación contra el vicefiscal de Anatolia, Cevdet Kayafoglu, por sus publicaciones en redes sociales sobre el referéndum de reforma constitucional que prepara el Gobierno, informa la agencia de noticias estatal turca, Anotolia. En total son más de 100.000 los funcionarios de la Policía, el Ejército, la Judicatura y otros organismos que han sido detenidos o destituidos desde la asonada contra el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Gülen, que vive en el exilio en Pensilvania por voluntad propia desde 1999, ha negado cualquier tipo de relación con la intentona de golpe de Estado y ha condenado el mismo. Los organismos de defensa de los Derechos Humanos han criticado esta represión y denuncian la instrumentalización del golpe de Estado para perseguir a los disidentes. Al menos 240 personas murieron durante el intento de golpe de Estado.