Más de 30 millones: Adif seguirá llevando el agua a Valle de Abdalajís en Málaga aunque ya no está obligado

Sólo entre 2021 a 2025, este servicio encargado a la empresa pública Tragsa ha tenido un coste de 15,7 millones de euros, según los datos aportados por Adif. Si se tienen en cuenta los años anteriores, la cifra ronda los 30 millones de euros. Es una cantidad de dinero que habría sido más que suficiente para construir una infraestructura definitiva para garantizar el suministro estable al pueblo. El Administrador viene aportando al municipio unos 450.000 litros diarios, valorados en más de 9.000 euros, según estas fuentes.

Pero esta situación tiene los días contados. La última sentencia de la Audiencia Nacional acaba de dar la razón a la empresa pública, y le exime de seguir pagando este servicio, según confirman fuentes de Adif. Además, el alto tribunal ha sido duro y culpa al Ayuntamiento de no haber asumido sus competencias en todo este tiempo. Así, el texto advierte de que, frente a la actitud del organismo estatal, que «ha cumplido con creces su compromiso de abastecer y proveer formas definitivas de abastecimiento», el municipio no ha hecho las obras de mantenimiento ni ha fijado los cánones del servicio, entre otras.

Por tanto, esta decisión judicial podría legalmente dar por terminada una medida cautelar que se adoptó tras la denuncia del Ayuntamiento, en 2021, y que impuso al Administrador la orden de mantener el suministro de agua al pueblo en camiones cisterna. Sin embargo, las

mismas fuentes informan a SUR de que este servicio se va a mantener de momento. Lo justifican en la posibilidad de que el Ayuntamiento presente próximamente un recurso contra esta sentencia; por lo que no se va a tomar ninguna decisión hasta que esta sea firme y definitiva.

Preguntada al respecto, la alcaldesa de Valle de Abdalajís, Virginia Romero, ha calificado de «muy injusta» la sentencia que exime a Adif de garantizar el suministro de agua al municipio. Según denuncia, el fallo judicial no tiene en cuenta el daño que durante años ha padecido la población, que continúa sin una infraestructura definitiva que garantice el acceso estable al agua potable.

En cuanto al futuro del municipio, Romero advierte de que el Ayuntamiento no cuenta con los recursos humanos ni económicos necesarios para acometer una obra de semejante envergadura. «Dependemos de otras instituciones. Si Adif no reconsidera su postura, tendrán que ser la Diputación, la Junta o el propio Gobierno central quienes intervengan», señala la regidora, quien recuerda que se trata de un servicio básico que debe estar garantizado.

Por ello, a la espera de una respuesta institucional, la alcaldesa ha solicitado reuniones con distintos responsables políticos: desde la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía, hasta el subdelegado del Gobierno en la provincia. También espera poder sentarse con representantes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias para conocer si hay margen para una solución pactada o para valorar posibles recursos legales.

Pese al revés judicial, Romero mantiene una postura conciliadora. «Mi actitud es la de seguir negociando, si aún cabe. No es justo ni razonable que nos dejen sin agua», se lamenta y con contundencia, concluye: «El Ayuntamiento no tiene medios. Tiene que ser otra institución la que dé un paso al frente».

A lo largo de estos casi 20 años, el ente ferroviario ha llevado a cabo costosos intentos de crear un suministro estable con el agua recuperada del acuífero del interior de los túneles, que no han funcionado como se esperaba. Además, ha ejecutado un proyecto de abastecimiento de agua potable y riego a distintos parajes de la Sierra de Abdalajís; así como obras para la recogida en la boca de salida del agua infiltrada en los túneles y su bombeo a un depósito situado en la cabecera de la red de abastecimiento. Junto con la instalación de una depuradora, el acondicionamiento de carreteras y hasta la recuperación de los restos arqueológicos de una villa romana, estos trabajos han sumado otros 26,6 millones de euros.