Málaga inaugura en Almargen su primer depósito judicial de vehículos con capacidad para 600 plazas

El nuevo recinto fue visitado este lunes por el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, acompañado por la viceconsejera Ana Corredera; la directora general de Planificación, Modernización y Gestión de Fondos, Carmen Navarro; la delegada territorial de Justicia en Málaga, Teresa Pardo; la alcaldesa de Almargen, María del Carmen Romero; y la jueza decana de Málaga, Cristina Hurtado de Mendoza. La comitiva conoció de primera mano el funcionamiento y características técnicas de la instalación.

El depósito de Almargen cuenta con una superficie de más de 11.000 metros cuadrados y una capacidad para 600 vehículos incautados. Está dotado de un sistema integral de videovigilancia para garantizar la seguridad de los bienes bajo custodia judicial. Actualmente, en sus instalaciones se almacenan 275 vehículos, muchos de ellos de alta gama, así como cinco narcolanchas y otras dos embarcaciones menores relacionadas con operaciones contra el narcotráfico.

La ejecución del proyecto ha supuesto una inversión cercana a los 700.000 euros, financiada mediante un contrato público de 24 meses prorrogables. Antes de su puesta en marcha, Málaga dependía del depósito judicial ubicado en Sevilla, lo que ocasionaba problemas logísticos, sobrecarga y costes adicionales en el traslado y mantenimiento de los vehículos incautados. Con esta nueva infraestructura, se pretende ofrecer un servicio más próximo y eficiente para los órganos judiciales de la provincia.

Durante su intervención, el consejero José Antonio Nieto recordó que hasta 2019 solo existía un depósito judicial público en Andalucía, en Sevilla, inaugurado en 2010, y que tres de los cuatro actuales han sido creados en los últimos años para cubrir distintas zonas del territorio. En ese sentido, destacó la necesidad de seguir reforzando la red de instalaciones para mejorar la gestión de bienes intervenidos por la justicia.

Nieto también aludió a la necesidad de establecer una mayor coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la autoridad judicial y las administraciones responsables de la custodia de bienes. Además, expresó su apoyo a la creación de un protocolo estatal que unifique los criterios de gestión de estos depósitos judiciales en todo el país, con el objetivo de mejorar la eficacia del sistema.

Respecto a las narcolanchas, el consejero explicó que, aunque su competencia recae en la Agencia Tributaria a través de Puertos del Estado, la Junta de Andalucía se hace cargo de su «custodia o destrucción» en aquellos casos en los que exista un auto judicial que así lo determine. Estas embarcaciones, al estar consideradas ilegales, deben ser destruidas en cuanto se autoriza judicialmente, sin posibilidad de reutilización. Actualmente, entre los depósitos de Málaga y Sevilla, se custodian un total de ocho narcolanchas.