La cárcel de Archidona entra en servicio y recibirá en 15 días a los primeros internos

Durante el periodo en el que el centro hizo las veces de CIE se produjeron una serie de daños cuya reparación ha costado 160.000 euros, según explicó el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. Estas reparaciones generaron dudas con respecto a si el Gobierno conseguiría cumplir con su promesa de abrir la cárcel a principios de 2018. Nieto, que presidió el acto inaugural, destacó que Instituciones Peniteniciaras ha conseguido iniciar la actividad dentro del plazo previsto, y recordó a los portavoces sindicales que el Gobierno «está dispuesto a utilizar el diálogo». En cuanto a los retrasos, se excusó en que es un centro «caro».

Antes del discurso inaugural, Nieto recorrió las instalaciones acompañado del delegado de Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz; el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste; y la directora de la prisión, Noelia Moreno entre otras autoridades. También estuvieron presentes la alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero; el presidente de la Diputación, Elías Bendodo; el delegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones; y el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo.

Una vez recorrido el centro, Nieto recordó la importancia de esta nueva prisión para cumplir «con la reinserción de los penados en España». Igualmente, explicó que el centro cuenta con 1.008 celdas distribuidas en doce módulos residenciales, a los que hay que sumar uno cerrado, uno de ingresos, salidas y tránsitos, otro de enfermería así como un módulo deportivo y sociocultural. De momento hay setenta trabajadores adecuando las instalaciones y en los próximos días se incorporará el resto de la plantilla, que sumará unos 300 empleados en marzo.

La mañana estuvo marcada por la presencia de los tres principales sindicatos de prisiones (Acaip, UGT y CCOO), que se manifestaron a las puertas de la prisión, recordando las ilegalidades que se produjeron al utilizarla como Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE).

El presidente de Acaip, José Luis Pascual; y el responsable federal de UGT Prisiones, Antonio González, recordaron que el uso de la prisión como CIE, en el que más de quinientos inmigrantes fueron internados en la cárcel desde diciembre hasta enero de forma provisional y extraordinaria, supuso una gran conculcación de la ley. Para los portavoces, el Gobierno «violó los derechos de los inmigrantes que fueron internados». De igual manera, tal y como explicaron ante los medios durante la protesta de ayer, en la que hubo varios momentos de tensión con la Guardia Civil por la ubicación de los manifestantes, se han perjudicado «gravemente» los derechos de los más de 200 trabajadores que llevan «meses esperando trasladarse a Archidona pese a haberse resuelto el traslado».

Además, entre los invitados hubo varias ausencias. Una de ellas fue la de Málaga Ahora, que rechazó la invitación, según explicó a SUR la portavoz del grupo, Ysabel Torralbo, «porque era una parafernalia hipócrita». «Pedimos una visita durante el periodo en el que fue un CIE y ni siquiera nos contestaron», subrayó. Tachó el acto de «vergonzoso» ya que «ni siquiera han dado explicaciones de lo que ocurrió allí». El colectivo social Málaga Acoge, uno de los que más criticó el internamiento de extranjeros, también declinó la invitación. «No nos vamos a hacer una foto con los políticos que han consentido los abusos que han ocurrido allí», expuso a este periódico Arantxa Triguero, presidenta de la asociación.