La entrada de Vox en el Poder Judicial y el Constitucional, a expensas de PSOE y PP

Al superar la barrera del medio centenar de escaños, el partido de Santiago Abascal tiene en su mano usar esta herramienta para convertir el Tribunal Constitucional (TC) en el nuevo cuadrilátero de la batalla partidista. Pese a ello, la admisión de los recursos no supone, por regla general, la automática suspensión de los preceptos legales impugnados mientras se dicta sentencia, que suele demorarse varios meses o incluso años.

Este escenario de politización de la corte de garantías ya se vivió bajo el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando el PP recurrió leyes como el matrimonio homosexual, el aborto o el Estatut catalán, o en el mandato de Mariano Rajoy, cuando el PSOE hizo lo propio con la prisión permanente revisable o la ley de seguridad ciudadana.

Pero el contexto en el que Vox adquiere ahora esta potestad tiene otro condicionante: llega en un momento de interinidad en el TC, ya que el Congreso tiene que renovar a cuatro de sus 12 magistrados, entre ellos la presidencia y la vicepresidencia.

Para esta elección se requiere una mayoría de tres quintos en el Congreso, 210 de los 350 diputados. Y con la aritmética surgida de las urnas, PSOE (120) y PP (88), más su socio de Navarra Suma (dos), tendrían exactamente los votos necesarios para evitar que el partido de extrema derecha o formaciones independentistas tenga poder de decisión en cualquier negociación para renovar el TC.

Esta fórmula, que bien podría servir para vertebrar cualquier pacto de gran coalición para formar Gobierno, también serviría para renovar otro órgano constitucional: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Desde hace un año, el gobierno de los jueces está en funciones por la falta de acuerdo entre los partidos mayoritarios tras fracasar la 'vía Marchena'. La repetición electoral hizo luego inviable reconducir el acuerdo, que requiere una mayoría de tres quintos en el Congreso y el Senado.

Otros órganos como el Tribunal de Cuentas, formado por 12 consejeros, no se actualizará hasta 2021. Tampoco el Consejo de Seguridad Nuclear, renovado en abril. En cambio, en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), las Cámaras deben cambiar a la mitad de sus consejeros, cinco, que terminaron su mandato en septiembre. Y en entes como RTVE, la fallida votación de julio de 2018 en el Senado impidió cumplir con el decreto para elegir a sus diez consejeros (se necesita una mayoría de dos tercios en ambas Cámaras en primera votación).