Tres comunidades acaparan hasta el 70% de los fondos extraordinarios de financiación

Una de las consecuencias de la crisis fue que muchas comunidades autónomas vieron cerrado el grifo de los mercados para poder captar recursos debido a su elevado endeudamiento y déficit. De hecho, las agencias de calificación tildaron de 'bono basura' la deuda de alguna administración regional. Para paliar esa situación Hacienda aprobó varios instrumentos de financiación para evitar la quiebra de estas administraciones como el FLA o el plan de pago a proveedores (vigente hasta 2014) con el objetivo de pagar las facturas adeudadas por los territorios a pequeñas empresas y autónomos, principalmente.

A cambio de esta ayuda a un tipo de interés inferior al del mercado (en algunos ejercicios incluso a tipo cero) las comunidades deben realizar ajustes para cumplir con la senda de estabilidad, es decir, reducir el déficit, la deuda y cumplir el pago medio a proveedores. Posteriormente, el Ejecutivo aprobó otros fondos como el de Facilidad Financiera destinado a que las comunidades cumplidoras con los objetivos de consolidación fiscal pudieran beneficiarse también de los bajos tipos de interés -incluso negativos- que disfruta el Tesoro Público gracias a la mejora económica y a la política expansiva del BCE.

El resultado es que en los cinco años que estos mecanismos llevan en funcionamiento Cataluña ha sido la comunidad que más recursos ha recibido para poder hacer frente a sus compromisos financieros. Así, ha obtenido 58.943 millones, lo que equivale al 32% de todos los fondos extraordinarios de liquidez. La mayor inyección se produjo en 2013 con casi 13.000 millones. En los primeros seis meses de 2017 ya ha obtenido otros 5.300 millones. La Comunidad Valenciana es la siguiente más beneficiada con 39.649 millones desde 2012 (22% del total). En su caso fue 2015 el año en el que necesitó más recursos con 8.760 millones. En lo que va de 2017 ha recibido 3.395 millones. Completa el podio Andalucía con 27.594 millones (15,3% del total) siendo 2014 el ejercicio en el que más dinero de estos fondos necesitó con 5.725 millones. En el primer semestre del presente curso ya ha recibido 3.255 millones.

En cualquier caso, no son las únicas comunidades que han necesitado recurrir a las inyecciones de estos mecanismos. Una circunstancia que ha provocado que el Estado posea más de la mitad de la deuda de ocho comunidades. Además de Cataluña, Valencia y Andalucía también se encuentran Murcia (77,8%), Castilla-La Mancha (69,5%), Baleares (68%), Canarias (65,17%) o Cantabria (64,5%). La mayoría de estos gobiernos regionales denuncian que esta dependencia se debe a la infrafinanciación de sus territorios en el actual sistema de reparto, lo que les impide hacer frente a los gastos de sanidad, educación o servicios sociales y al mismo tiempo cumplir la senda de estabilidad.

Por ese motivo, esta situación se está analizando en el grupo de expertos sobre la reforma de la financiación autonómica. Encima de la mesa está la posibilidad de que el Estado condone parte de la deuda autonómica contraída por el FLA. Una puerta que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no ha descartado, aunque puede generar agravios comparativos con las regiones más cumplidoras.

Una de las posibilidades es que sólo afecte a aquellas comunidades que se consideren perjudicadas por el actual sistema de financiación. Algo que podría medirse a través de las famosas balanzas fiscales (la diferencia entre lo que las comunidades aportan al Estado y lo que reciben) que reflejan un déficit para Cataluña, Madrid, Valencia y Baleares. Sin embargo, esto deja fuera a comunidades muy endeudadas.