La subcontratación, el último escollo que falta para cerrar un acuerdo en la reforma laboral

Los negociadores comenzaron este miércoles una reunión a las cuatro de la tarde que se demoró hasta altas horas de la noche. Faltaban por cerrar ya los últimos flecos para anunciar un principio de acuerdo que previsiblemente se oficializará este jueves, una vez sea refrendado en los comités ejecutivos que han sido convocados por la CEOE, UGT y CC OO. Así lo dejó caer también este miércoles la ministra de Trabajo: «Mañana me gustaría poder cenar en mi casa en Galicia, pero voy a estar a lo que me mandate la negociación».

El gran escollo en esta recta final de la negociación se sitúa en la subcontratación. Y precisamente en una materia que ya se daba por superada: el convenio por el que se regirán los trabajadores de una empresa multiservicio, según manifestaron a este periódico fuentes del diálogo social. Así, en la mesa volvió a debatirse sobre esa primera propuesta del Gobierno que planteaba que los trabajadores se rijan por el convenio de la empresa principal. Es decir, si un banco externaliza los servicios de limpieza, el convenio que se aplica a los trabajadores que realicen esta actividad será el de la banca. Y para la CEOE esta es una línea roja. No firmará un acuerdo que recoja esta medida. Desde la patronal exigen volver a la redacción de los últimos borradores en los que ya se accedía a que el convenio de aplicación para las empresas contratistas sea el del sector de la actividad ejecutada en la subcontrata.

Estas últimas horas son las de máxima tensión. Se discute cada punto, cada coma de un texto que, no obstante, tampoco se ha modificado mucho en las últimas semanas. Así, la temporalidad en el último borrador se mantiene tal y como lo había adelantado este periódico. El contrato se presume concertado por tiempo indefinido, mientras que un contrato temporal solo podrá utilizarse un máximo de seis meses, ampliable a un año, cuando obedezca a un incremento imprevisible de la producción; en caso de que sean situaciones previsibles, como unas rebajas, la duración máxima será 90 días no consecutivos. Eso sí, el incumplimiento de las normas que regulan la contratación temporal hará que la persona trabajadora sea considerada fija. Además, se reforzarán las plantillas y medios de la Inspección de Trabajo para actuar contra el uso fraudulento de estos contratos, al mismo tiempo que se incrementan significativamente las sanciones, que se aplicarán por cada trabajador y no por empresa.

El otro gran tema que se pretende corregir con la nueva norma que entrará en vigor en 2022 es el reequilibrio de la negociación colectiva. Para ello, se recupera la ultraactividad de los convenios, que se prorrogarán hasta que haya uno nuevo, y volverá a primar el convenio del sector sobre el de empresa en estas materias: la elección entre abono o compensación de horas extras, el horario y la distribución del tiempo de trabajo (no la jornada), la adaptación de la clasificación profesional y las medidas de conciliación familiar.

Por otra parte, se pondrá en marcha el nuevo mecanismo RED para potenciar los ERTE en detrimento de los despidos. En este sentido, se mantendrán las exoneraciones a las empresas que se acojan -falta aún por definir en qué porcentaje-, pero siempre y cuando ofrezcan formación a sus trabajadores y mantengan durante seis meses a toda su plantilla. Para ello, se constituirá en fondo RED de sostenibilidad del empleo para atender a las necesidades de financiación de este mecanismo.

Finalmente, se derogará la disposición adicional del Estatuto de los Trabajadores que permitía la posibilidad de acometer despidos objetivos y despidos Colectivos en el ámbito de las Administraciones Públicas.