Así será la inspección de trabajo «extraordinaria» que multará a las empresas que no cumplan las medidas para prevenir el Covid-19

Si hasta ahora esto era competencia de las autoridades sanitarias, los inspectores de trabajo asumen el mando y, junto a los funcionarios habilitados por las comunidades autónomas, serán los encargados de «vigilar y requerir, y en su caso extender actas de infracción, en relación con el cumplimiento por parte del empleador de las medidas de salud pública», según consta en el texto que modifica el decreto aprobado el pasado 9 de junio.

Más concretamente, los inspectores supervisarán que las empresas cumplen con la obligación de adoptar medidas de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de los centros de trabajo, con arreglo a los protocolos que se establezcan en cada caso; poner a disposición de los trabajadores agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida, autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos; adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes, de forma que se garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre los trabajadores o, cuando ello no sea posible, proporcionar a los trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo; y, por último, adoptar medidas para evitar la coincidencia masiva de trabajadores en los centros de trabajo durante las franjas horarias de previsible mayor afluencia.

El Ejecutivo establece que el incumplimiento de las obligaciones de estas medidas anti-Covid se considerarán infracciones graves, que cuentan con sanciones que oscilan entre los 2.046 y los 40.985 euros. Más específicamente, las infracciones graves en materia prevención de riesgos laborales se sancionan con multa en su grado mínimo, de 2.046 a 8.195 euros; en su grado medio, de 8.196 a 20.490 euros; y en su grado máximo, de 20.491 a 40.985 euros, según la normativa actual. La cuantía de la multa dependerá de la cifra de negocio de la empresa pero fundamentalmente del grado de incumplimiento: a mayor número de trabajadores sin protección, mayor multa, explican desde la Inspección de Trabajo, que también avisa de que la sanción será más elevada si la compañía ya había recibido un requerimiento previo.

El Gobierno explica que esta medida «supondrá un importante refuerzo en la tarea de prevención de los contagios en los centros de trabajo mediante una acción inspectora adecuada a las necesidades de una respuesta ágil para controlar la pandemia y un marco jurídico inequívoco en la respuesta a los posibles incumplimientos constatados». Y lo justifica en que los centros de trabajo son «espacios proclives a la propagación del virus, como demuestra el hecho de que una parte importante de los rebrotes de contagios habidos hasta el momento, tanto en España como en otros países de la Unión Europa, se haya producido en los centros de trabajo».

Un total de 965 inspectores y 85 subinspectores se encargarán de llevar a cabo estas labores de vigilancia en todas las empresas españolas, una plantilla mínima para todas las tareas que tienen encomendadas, entre las que también se encuentra revisar los ERTE para comprobar que no sean fraudulentos, según denunció a este periódico Ana Ercoreca, presidenta del sindicato de inspectores de trabajo, que pidió al Gobierno un «refuerzo urgente».

Ercoreca manifestó que si son ellos los que ahora tienen que realizar estas competencias que eran de sanidad, «se tienen que hacer con unas condiciones adecuadas, con una plantilla y con unos medios». «Ni hay plantilla, ni medios ni nada», se lamentó.