El Gobierno quita a las autonomías 2.400 millones destinados a formación para pagar el paro

Por ello el gasto en prestaciones por desempleo ascenderá también vertiginosamente, un presupuesto que tiene que afrontar de golpe y porrazo el Gobierno, a través del SEPE. Ante esta situación excepcional, el Ejecutivo ha tomado también medidas excepcionales. Una de ellas, que no mencionaron siquiera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, es la de utilizar la recaudación de la parte de las cotizaciones destinada a la formación profesional para pagar la prestación por desempleo. Es decir, el Estado pasa a disponer de más de 2.400 millones de euros que hasta ahora en su mayor parte gestionaban las Comunidades Autónomas para sus Políticas Activas de Empleo, principalmente para formar a sus parados.

«Dado el impacto económico ocasionado por las medidas aprobadas para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 (...) se permite que los ingresos derivados de la cotización por formación profesional puedan aplicarse a la financiación de cualquiera de las prestaciones y acciones del sistema de protección por desempleo», establece el Real Decreto publicado este miércoles en el BOE, que corrige así una norma del año 2015.

Con esta medida, que ha pasado un tanto desapercibida, el Gobierno trata de sumar al sistema más recursos económicos para poder financiar la batería de medidas que ha lanzado para minimizar los efectos de la crisis del coronavirus en los trabajadores, desempleados, empresas, autónomos... en un momento en el que todo hace prever que la recaudación impositiva también se va a frenar en seco.

Concretamente, el presupuesto dedicado a la formación profesional para el empleo asciende a más de 2.414 millones –datos del año 2019–, lo que supone casi la mitad de la dotación total del Plan Anual de Política de Empleo (PAPE), que cuenta en este caso con 5.793 millones. Estos más de 2.400 millones proceden de la cuota que mensualmente aportan las empresas y los trabajadores y que supone un 0,70% de la nómina (un 0,60% paga la empresa y un 0,10% el empleado).

Esta medida no ha sentado nada bien a los Gobiernos regionales, que acusan al Ejecutivo central de «arrebatar» a las Comunidades Autónomas más de 2.400 millones de euros con esta decisión «unilateral» que no ha sido consultada previamente. Por ello, Andalucía ha consensuado con otras regiones una carta que han enviado al Ministerio de Trabajo para protestar por este cambio repentino de la norma y en el que denuncian que se trata de ««un nuevo menosprecio del Ministerio de Trabajo al papel a realizar por las comunidades autónomas para mantener y crear empleo, ya que elimina, prácticamente, cualquier posibilidad de poner en práctica las políticas activas de empleo, ya sea de formación o cualquier otro tipo de incentivo, limitando severamente la posibilidad de colaborar a recuperar la normalidad en el menor tiempo posible».

En la carta además señalan que con esta medida los trabajadores «están duplicando su aportación para el mismo fin, puesto que los empleados pagan ya una cuota para cobrar la prestación por desempleo», que supone de media un 7,05% de la nómina, porcentaje del cual la empresa paga un 5,5% y el empleado, un 1,55%.