Los funcionarios conocerán lo que cobran por productividad sus compañeros

La modificación introducida establece que «las cantidades que perciba cada funcionario por este concepto serán de conocimiento público de los demás del departamento u organismo, así como de los representantes sindicales». Mediante la evaluación del desempeño se valora la conducta profesional y se mide el rendimiento y resultados obtenidos. La Ley de 1984 de medidas para la reforma de la Función Pública ya incluía esta medida de transparencia, pero los ministerios rara vez lo cumplen y los sindicatos han tenido que recurrir al Portal de Transparencia y a los tribunales para conocer si las retribuciones por productividad se están abonando con criterios objetivos y de equidad.

Precisamente, una de las principales novedades del anteproyecto de Ley de la Función Pública de la Administración del Estado es todo lo que concierne a la evaluación del desempeño. El Gobierno ha aceptado eliminar del anteproyecto, por exigencias de CCOOy UGT, el carácter sancionador y las actuaciones de régimen disciplinario que acompañaban a una evaluación negativa del desempeño, que incluso podría haber permitido la remoción del puesto. Sí servirá la evaluación como criterio positivo a la hora de sumar puntos en los concursos y promoción interna. Además, para esta evaluación se tendrán en cuenta los «recursos» con los que se cuente en el área concreta.

Este viernes se celebró la primera reunión de la Mesa General de Negociación donde el Gobierno avaló las modificaciones previamente acordadas en el grupo de trabajo con CCOOy UGT. La Mesa General volverá a reunirse la próxima semana y seguirá negociándose el anteproyecto de ley. Desde CCOO exigen «mayor ambición para modernizar los servicios públicos y garantizar su prestación a la ciudadanía». La secretaria general del sector de la Administración General del Estado de FSC-CCOO, Elisa Fernández, marcó como líneas rojas que no se limiten los derechos de los empleados públicos y que se incluya al personal laboral. Desde CSIF –que no participa en el grupo de trabajo al no haber firmado el acuerdo marco– señalan que el anteproyecto de ley de Función Pública «vulnera el principio de la reserva de ley al posponer aspectos esenciales a la regulación reglamentaria». A juicio de CSIF, el anteproyecto reduce derechos con nuevas limitaciones a la movilidad (hasta cuatro años de ejercicio para cambiar de puesto). Tanto CSIF como CCOOy UGT se oponen a la movilidad forzosa.

A lo largo de todo el anteproyecto, CCOO y UGT han introducido expresamente que tanto el reglamento de desarrollo de la ley como los planes estratégicos de recursos humanos y muchos otros procedimientos se negociarán previamente con los agentes sociales.

El anteproyecto introduce un nuevo sistema de carrera horizontal progresiva donde también se han introducido modificaciones planteadas por los sindicatos UGT y CCOO. La carrera horizontal consiste en el desarrollo profesional de los funcionarios mediante su progresión en un sistema de tramos a través de una evaluación objetiva y reglada y sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo. Se establecen cinco tramos en cada grupo o subgrupo de personal funcionario y los ascensos se producirán de forma consecutiva exigiéndose cinco años de servicios efectivos en cada tramo antes de acceder al superior.

Además, se incluye como principio rector de la actuación de la Administración del Estado la «estabilidad en el empleo público, la objetividad y profesionalidad mediante la inamovilidad del personal funcionario como garantía de imparcialidad». Sin embargo, CSIF subraya que no se concreta la regulación del personal directivo y que eso favorece «la politización y el enchufismo».

Por otro lado, la Administración del Estado podrá aprobar la creación de unidades flexibles, de carácter temporal, para hacer frente a necesidades o proyectos sobrevenidos. Estas unidades sólo se podrán mantener durante tres años –ampliable un año más si lo justifica la acción a realizar–.