Casi 11.000 empleadas domésticas malagueñas ya tienen derecho a cobrar el paro

«De esta forma se acaba con una injusticia inaceptable y se salda una deuda histórica con miles de mujeres«, ha indicado el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas. A fecha de agosto, más de 370.000 personas, en su inmensa mayoría mujeres, estaban afiliadas a este régimen especial de la Seguridad Social en España, de las que 10.967 son malagueñas (738 hombres y 10.229 mujeres).

La norma, que hace efectiva la ratificación de España del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, marca la equiparación de los derechos de las trabajadoras del hogar con el resto de los asalariados. Además de las prestaciones por desempleo, también mejorará para este colectivo el acceso a la prevención de riesgos laborales o a la protección ante el despido.

Este Real Decreto Ley llega después de que en febrero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitiera una sentencia en la que consideraba discriminatoria la ley española que no reconocía el derecho al desempleo a este colectivo, integrado casi exclusivamente por mujeres.

Con la nueva norma las empleadas domésticas podrán cobrar la prestación por desempleo –aunque para ello tendrán antes que cotizar durante al menos un año– y, además, su despido no será tan fácil como hasta ahora, ya que se abole el desistimiento como causa de este.

Hasta ahora despedir a las empleadas del hogar es muy fácil y barato. No se necesita ningún tipo de justificación. Cuando el empleador entiende que ya no necesita los servicios de una doméstica, puede rescindir el contrato sin necesidad alguna de argumentar los motivos. Únicamente es necesario avisarla con 20 días de antelación, en el caso de que la empleada lleve más de un año trabajando, o siete días si su antigüedad es inferior, y pagarle una indemnización equivalente a 12 días por año trabajado, con un tope de seis mensualidades.

A partir de ahora, el despido de estas trabajadoras pasará a regirse por las mismas condiciones que el resto de asalariados: una indemnización de 20 días por año trabajado y un límite de 12 meses en caso de que sea objetivo, o 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades si es un despido improcedente.

La norma también recoge otras reivindicaciones que viene reclamando el colectivo de empleadas domésticas, como limitar el pago en especie, incluirlas en la ley de prevención de riesgos laborales, tener derecho a huelga y negociación colectiva, al reconocimiento de sus enfermedades como laborales y no como accidentes comunes y a una supervisión de sus condiciones por parte de la Inspección de Trabajo.