Yolanda Díaz va al choque con Murtra por un «indecente» ERE para 6.088 trabajadores de Telefónica

Un número de despedidos «indecente» para una empresa con participación pública, según ha denunciado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ante la Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). Telefónica ha llevado a cabo una decena de ERE desde el año 2000, pero este es el primero con Marc Murtra al frente de la operadora -militante del Partido Socialista Catalán y elegido por Moncloa para el puesto hace poco menos de un año- y el primero también desde que el Estado ha vuelto a ser el principal accionista a través del 10% del capital que compró la Sepi el año pasado por 2.300 millones de euros. Y esto marca la diferencia entre los anteriores despidos colectivos y este, cuyas condiciones se pretenden cerrar antes de que termine el año.

En el Gobierno se ha abierto una nueva grieta con Telefónica de fondo. Tras las palabras de Díaz, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se apuró en asegurar que Telefónica «no es una empresa pública», sino «una empresa privada que está participada en un 10% por la Sepi». Pese a dejar claro este punto, indicó que la postura del Gobierno siempre es «intentar minimizar los despidos», pero pidió «dejar trabajar a los sindicatos». El Gobierno ha sido muy crítico con los ERE en grandes compañías y la vicepresidenta segunda ha estado siempre en primera línea de esta batalla. Díaz llegó incluso a plantear hace unos meses poder prohibir los ERE en empresas con beneficios.

En este contexto, fuentes del Ministerio de Trabajo confirman que Díaz envió una carta a la presidenta de la Sepi, Belén Gualda, en la que calificó de «indecente» que una empresa «con beneficios y participada públicamente» decida despedir a más de 6.000 personas. «No me parece correcto», aseguró la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde hizo hincapié en que «el dinero público no está para despedir a nadie, por muy buenas que sean las condiciones de despido en un ERE». Díaz dejó claro que su posición «es conocida» y que una empresa «que ahora está participada con recursos públicos de los españoles» no puede llevar a cabo procesos de este tipo.

Hasta este momento la única valoración sobre el ERE por parte del Gobierno la había hecho el ministro del que dependen las telecomunicaciones, Óscar López, quien defendió hace unos días que el proceso deberá desarrollarse en el marco de un acuerdo con la representación de los trabajadores. «La posición del Gobierno va a ser muy clara. Lo que ocurra tiene que ser siempre con acuerdo de los sindicatos», subrayó el ministro para la Transformación Digital.

Por parte de la Sepi aseguran en declaraciones a este periódico que en Telefónica «mantiene la exigencia de que haya acuerdos» con los sindicatos. «Las medidas con impacto en la plantilla deben ser fruto de negociación y acuerdo con la parte social», señalaron. En este sentido, el organismo público está «seguro» de que la empresa y los sindicatos «llegarán a un acuerdo».

Muy previsiblemente estas negociaciones con los sindicatos, que se extenderán durante todo el mes de diciembre, rebajarán la cifra de 6.088 afectados dada este martes, pero este número revela que el primer ERE de la era Murtra será muy similar al último firmado en la operadora en 2023 y que se cerró con las últimas salidas a principios de 2024. En aquel momento la operadora comenzó proponiendo 5.100 bajas pero se cerró con 3.400 salidas tras las negociaciones, y podría ocurrir lo mismo en esta ocasión. Si se rebajara el ERE en un 33% como en aquel momento, la cifra de afectados sería de 4.078 personas y la plantilla de la operadora en España se quedaría rozando los 20.000 empleados. Es el noveno ERE que Telefónica lleva a cabo en los últimos 25 años en los que han sido despedidas más de 45.000 personas.

Los ERE en Telefónica no suelen ser un proceso traumático para la plantilla. Es más, en el último despido colectivo cerrado en 2024 se terminaron recibiendo más solicitudes de bajas voluntarias que plazas disponibles de salida. Las condiciones se negocian con los sindicatos y en el último ERE los trabajadores despedidos recibieron una media de 380.000 euros de media, lo que supuso un coste de más de 1.300 millones de euros (antes de impuestos) para la operadora.

Sin embargo, llama la atención que el Gobierno esté conforme con que una empresa de la que es principal accionista decida despedir a más de 5.000 trabajadores de más de 55 años cuando trata de incentivar el retraso de la edad de jubilación de los españoles con diferentes medidas como pagos extra en cheques al contado en el momento del retiro o mejoras en la jubilación flexible y activa.

La segunda ronda de negociaciones que se celebró este martes en Telefónica ha sumado 140 propuestas de despido en la división de Telefónica Global Solutions, el 22% de su plantilla, otras 233 bajas en Telefónica Innovación Digital, el 23% del total de trabajadores en este área y 378 en Telefónica SA, el 33% de los trabajadores con los que cuenta la matriz. El proceso de ajuste se ha ido conociendo poco a poco porque la compañía ha abordado las reuniones con cada una de las siete filiales afectadas por separado, lo que significa además que las condiciones pactadas para las salidas podrán ser diferentes.