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Cuando se cumple un mes del histórico apagón que hizo saltar los plomos a la Península Ibérica 28 de abril y con la investigación ... en curso, el sector fotovoltaico saca pecho de las bondades económicas de esta tecnología en un momento en el que las renovables se han situado en el punto de mira de la crisis. Frente a los bulos y lo que considera «relatos interesados», la patronal solar rechaza la falsa dicotomía que se está produciendo entre el modelo de energía convencional asociado a la seguridad del sistema y el de renovables y pide al Gobierno que se conozcan las causas del corte eléctrico «cuanto antes» -a poder «antes de un mes», puntualiza-, ya que las medidas que hay que adoptar son «urgentes».
«Las renovables pueden producir energía con la misma robustez que las antiguas tecnologías convencionales», ha insistido este miércoles José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), en la presentación del estudio 'Impacto Socioeconómico de las Inversiones en Energía Solar y Fotovoltaica' realizado por equipos de investigación de la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Complutense.
El sector se revuelve en contra los que insisten en situar a las renovables como el origen del cero energético y las demonizan por su incapacidad de aportar energía síncrona al sistema, lo que dificulta que estas plantas puedan servir de ayuda en caso de registrarse oscilaciones de frecuencia, como las que se detectaron algunos días antes del apagón. «Esto ha sido un asesinado en el Orient Express, seguramente no ha habido una única causa sino una confluencia de condiciones, casualidad o causalidades que llevaron en esta situación», ha ilustrado Donoso, al tiempo que descarga culpas: «La responsabilidad de las plantas es producir esa energía en las condiciones establecidas por el sistema y verterla a la red. Cuando los megawatios (MW) que produce una planta entran en la red ya no es responsabilidad de la planta», ha recalcado.
En este sentido, ha llamado abordar los desafíos que la industria tiene por delante y a la necesidad de la aprobación del plan operativo 7.4 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para hacer frente al mercado de tensión que está incrementando precios; de los 'grid forming', pendiente del visto bueno de la Comisión Europea que se espera para finales de este año. Asimismo, ha puesto el foco en las peticiones de demanda industrial que quieren instalarse en España, el almacenamiento, las barreras administrativas y la necesidad de adecuar el sistema de fijación de precios con un sistema de subastas y las barreras administrativas que alejan al inversor. «Estamos ante una oportunidad histórica. Si hay problemas hay que resolverlos peor no podemos tirar por la borda ese cisne verde», ha zanjado.
El desarrollo de los parques solares fotovoltaicos representa un incremento medio de entre un 7% y un 13% en el empleo en los municipios donde se asientan estos proyectos, sobre todo en su fase de construcción, y aumenta un 2% el número de empresas registradas, especialmente en construcción, hostelería y agricultura, según el informe. Esta actividad genera un crecimiento en los ingresos fiscales municipales en torno al 11%, proporcionando mayor margen de inversión en servicios públicos, según el estudio, que añade que se han registrado un aumento de entre el 0,5% y el 1% en los ingresos medios directos de los residentes.
La directora del estudio cuantitativo del informe, Natalia Fabra, economista y profesora de Economía en la Universidad Carlos III y experta en materia energética que ha sido consejera de Enagás y acaba de ser propuesta como nueva consejera de Redeia, apunta que estos incrementos se producen sobre todo en la fase de construcción y que después estos multiplicadores de creación de empleo «caen de manera significativa», aunque valora que otros factores «persisten», como el aumento de los ingresos fiscales o la renta, lo que redunda en «una mayor oportunidad económica».
En el aspecto demográfico, los municipios con instalaciones fotovoltaicas experimentan un crecimiento poblacional de entre el 3% y el 7%, ayudando a combatir el despoblamiento rural, mientras en lo que se refiere a la actividad económica también sube un 3% de media el precio medio de la vivienda, reflejo de una mayor demanda provocada por el aumento de la población.
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