Pensiones 2021 | Cambios que afectan a la jubilación desde enero

La comisión rechaza la sustitución del actual sistema de reparto por otro de capitalización. Se cierra así la puerta a esta posibilidad alentada por algunos grupos.

Se aboga por la separación de las fuentes de financiación para que deje de tener déficit en 2023. Se insta a que las cotizaciones sean destinadas exclusivamente a pagar las prestaciones contributivas.

Recuperado el consenso, proponen la subida anual de las pensiones en base al IPC real. También aboga por garantizar esta cuestión «por ley». La propia comisión constata que el vigente mecanismo de revalorización (con subidas mínimas del 0,25%) «no goza del suficiente consenso político y social».

Los diputados muestran su «preocupación» ante la reducción del Fondo de Reserva en el que apenas quedan menos de 2.000 millones. Aconsejan no acudir a la hucha de las pensiones para tratar de solucionar «problemas estructurales». «No es el mecanismo para resolver estos desequilibrios financieros», señalan. Por eso, aconsejan establecer «un remanente mínimo sujeto a una regla de disponibilidad».

Deberían convivir exclusivamente dos tipos de regímenes, frente a la dispersión actual: el de los trabajadores por cuenta ajena y el de los autónomos. La comisión apuesta por «avanzar hacia la plena equiparación de los derechos y obligaciones de los autónomos» con los del régimen general. Y aboga por «aproximar» las bases de cotización, como ya está negociando el Gobierno.

Se mantienen los 15 años como periodo mínimo cotizado para acceder a una pensión;y los 25 años (a partir de 2022) como referencia para calcular esa prestación. El Pacto de Toledo recomienda evaluar la posibilidad de «elección de los años más favorables en la determinación de la base reguladora de la pensión». Esta recomendación, novedosa, llega después de haber observado cómo ciertos colectivos de trabajadores experimentan una reducción drástica de sus ingresos a partir de una determinada edad por circunstancias como el paro o la precaridad de los trabajos que encuentran a partir de los 50.

El documento aboga por fomentar medidas de contratación laboral en especial a los trabajadores con más de 55 años, así como a priorizar la selección de colectivos de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social y víctimas de violencia de género.

La comisión insiste en que el Gobierno dé cumplimiento «a la obligación de informar de forma periódica e individualizada» sobre la futura pensión que percibirá cada ciudadano, en base a las cotizaciones acumuladas. Es el conocido como sobre de color naranja, que ningún Ejecutivo ha llegado a remitir a los mayores de 50 años, como estaba previsto.

Para mejorar la gestión del sistema, se pide la creación de una agencia de la Seguridad Social con funciones de afiliación, recaudación y gestión de las prestaciones.

Considera necesario completar el proceso de modernización y transparencia en el funcionamiento de las mutuas y darles flexibilidad.

Insiste en la necesidad de que todas las administraciones puedan cruzar los datos con los de la Seguridad Social. Así como reforzar la inspección y las sanciones.

Recoge la recomendación de «mejorar las pensiones más bajas». Actualmente, un tercio de las prestaciones por jubilación apenas llegan a los 750 euros al mes. También insta a trabajar en reducir la brecha de género. En ambos casos, cualquier modificación debería ser financiada a través del Presupuesto.

Este es uno de los puntos con más modificaciones. Por una parte, la comisión aconseja fomentar la permanencia de los trabajadores en activo, para que la edad real de jubilación (por encima de los 64 años en estos momentos) se aproxime a la legal (65 años y 10 meses en 2020, serán 67 años en 2027). Además pide medidas para la «prolongación voluntaria» de la vida laboral compatibilizando la pensión y los ingresos de una actividad profesional. Al mismo tiempo apunta que la jubilación anticipada debe quedar «reservada» a trabajadores con largas carreras de cotización, para evitar que se utilice como vía para regular el empleo. También insta a analizar el daño que provoca la penalización por jubilarse anticipadamente (recortes de hasta el 28%) y modificarlos con tres criterios:si esa jubilación es voluntaria o forzada;si tiene muchos años cotizados; y dependiendo del sector en que se produzca.

El Pacto de Toledo propone una reforma de la pensión de viudedad ante los cambios sociales respecto a los de hace varias décadas, cuando la mujer apenas tenía hueco en el mercado laboral. Insta a mejorar la prestación de los pensionistas sin otros recursos, sobre todo a partir de los 65, y «adecuar» la de los colectivos de viudos que sean menos vulnerables. En cuanto a la orfandad, pide mejorar sus cuantías.

Queda suprimida esta anterior recomendación sobre el reordenamiento del tratamiento tributario.

Establece referencias como la tasa de sustitución (la pensión sobre el salario del trabajador).

Aboga por fomentar esta alternativa de ahorro de cara a la jubilación, «complementaria al sistema». Lo hacen ante el «insuficiente e insatisfactorio» recorrido que han tenido estos planes privados hasta ahora. En cuanto a los planes de pensión individuales insta a que sean «más transparentes» en costes para que no impliquen rendimientos negativos para el partícipe.

Aboga por adoptar medidas de carácter estructural para conseguir la equiparación de la cobertura por pensiones entre mujeres y hombres y potenciar la corresponsabilidad entre géneros.

Se propone la compatibilidad de las pensiones por incapacidad permanente con la de un trabajo.

Admite la necesidad del mercado laboral para incorporar inmigrantes en el futuro «para satisfacer la demanda». A tal fin, la Seguridad Social debe adecuar los procesos con medidas que faciliten la gestión de los trámites de contratación, afiliación e integración en el sistema. Además apunta a las cotizaciones que vendrán de una economía digitalizada.

Una vez al año, el Gobierno debe comparecer en comisión, cuyo trabajo estará en vigor por cinco años.