El cónyuge más necesitado tiene un año como máximo para encontrar vivienda tras el divorcio

Desempleado de larga duración y con unos ingresos mensuales que se limitaban a los 480 euros de un subsidio. En esta situación económica tuvo que afrontar un hombre de 60 años la demanda de divorcio de su esposa, en la que solicitaba para ella y su hijo, ya mayor de edad, la atribución de la vivienda familiar. En primera instancia, el juzgado de Leganés le dio la razón a la mujer, aunque le fue denegada la pensión compensatoria de 150 euros al mes que había pedido.

Pese a ello, el demandado recurrió el fallo argumentando que su hijo era mayor de edad y que sufría precariedad económica y residencial, ya que desde que dejó la casa familiar permanecía en una vivienda propiedad de seis personas gracias a la herencia de sus padres, pero que iba a ser vendida por sus propietarios. Por esos motivos, reclamó que se estableciese un uso temporal de la casa común a la demandante de un año, de forma que cuando se agotase ese plazo, se pasase a un uso alternativo anual para cada uno.

El caso ha llegado al Tribunal Supremo, que en una sentencia que sienta jurisprudencia, ha fallado que en caso de divorcio o separación y cuando no haya hijos menores de edad, la vivienda familiar sólo podrá ser utilizada por el cónyuge económicamente más necesitado de protección durante un año (antes eran dos). Según los magistrados, «un tiempo suficiente para que los litigantes procedan, en su caso, a obtener los rendimientos económicos de la vivienda, bien por medio de su enajenación o a través de su arrendamiento, al tiempo que pueden buscar la forma de satisfacer sus necesidades de habitación».

El Supremo admite las apelaciones del demandado, que en desacuerdo con su mujer, solicitaba que se declarase vulnerado el artículo 96.2 del Código Civil: «No habiendo hijos, podrá acordarse que el uso de tales bienes corresponda al cónyuge no titular por el tiempo que prudencialmente se fije siempre que, atendidas las circunstancias, lo hicieran aconsejable y su interés fuera el más necesitado de protección». Así, el Tribunal determinó que dar el uso exclusivo de la vivienda a la mujer por tiempo indefinido, aunque estuviera más necesitada por no tener un inmueble en el que residir, constituiría una «expropiación forzosa de un bien de valor económico indiscutible para el demandado con fundamento en una solidaridad conyugal inexistente tras un pronunciamiento de separación o divorcio».

Así, si bien le da da la razón en este sentido, el Supremo rechaza la petición del hombre de usar alternativamente el inmueble cada año, debido a las dificultades para gestionar este uso.

Finalmente, el Alto Tribunal da a la mujer un año para utilizar la residencia familiar, dándoles tiempo a ambos cónyuges a decidir si venden el inmueble o lo alquilan para obtener ingresos.