Los funcionarios tendrán que esperar a enero para cobrar el 0,5% adicional

Con seis meses de retraso, el Gobierno por fin aprobó la subida salarial prometida para los más de tres millones de empleados públicos (incluidos los que trabajan en empresas públicas). El Consejo de Ministros dio luz verde ayer a un real decreto ley en el que hizo efectiva la revalorización fija del 2% acordada con UGT y CC OO para este año, pero que no había aplicado hasta ahora debido a la ausencia de nuevos Presupuestos del Estado y al adelanto de las elecciones catalanas. «Mantenemos nuestro compromiso con los empleados públicos, que son el principal activo que tienen las administraciones», dijo la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Sin embargo, el Ejecutivo retrasa a enero próximo el pago del 0,5% variable que también incluye en el acuerdo en función de la inflación. Y lo hace pese a que ya se ha cumplido con creces el objetivo de superar una tasa del 8%, aunque lo abonará el año que viene con carácter retroactivo.

Los funcionarios recibirán la actualización de sus nóminas «con carácter inmediato», lo que supondrá unos 50 euros más de media, aunque el Gobierno no puede asegurar que todos reciban este incremento ya en julio porque dependerá del «trabajo informático» que hay que hacer para que puedan cobrarlo. En todo caso, el instrumento legal para hacerlo ya está en marcha, según señaló a este periódico el Ministerio de la Función Pública.

Sí confirman desde dicho departamento que los más de 230.000 empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) podrán disfrutar ya de la nueva subida en la nómina de julio. Sin embargo, para el resto de administraciones dependerá un poco de los trámites.

Lo que no recibirán en la nómina de julio es la 'paguilla' con los atrasos desde el pasado 1 de enero y que supondrá un extra de unos 350 euros de media. La razón es que dicha subida tiene carácter retroactivo y se abonará en un pago aparte. Si les da tiempo se hará a lo largo de julio, aunque desde el ministerio no lo confirma al cien por cien.

Asimismo, al menos hasta dentro de seis meses no les ingresarán el incremento variable del 0,5% que ya tienen asegurado, puesto que dependía de que la suma de la variación del IPC adelantado de 2022, 2023 y 2024 superara el aumento retributivo fijo aplicado durante dichos años (8%) y que ya solo con los datos de 2022 y 2023 se sitúa en el 8,8%. Sin embargo, desde el ministerio argumentan que el INE debe certificar los datos de esta inflación armonizada, puesto que así se recoge en el acuerdo, y eso no será hasta que termine el año.