Los nuevos ERTE y la ampliación de los créditos ICO dan un respiro a las empresas malagueñas

Entre las medidas paliativas que pueden tener un efecto más claro y rápido para las empresas malagueñas destacan dos: la ampliación -en varias líneas- de los préstamos avalados por el Estado y gestionados a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la puesta en marcha de nuevos modelos de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Ambas herramientas representaron las principales tablas de salvación de las empresas en lo más duro de la crisis sanitaria y el Gobierno las aplica de nuevo para hacer frente a las primeras consecuencias de la guerra en Ucrania y de la escalada de precios en las materias primas y los costes de producción.

La ampliación de los créditos ICO llega con el real decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros que lanza el plan de choque contra el impacto de la guerra en Ucrania y cuyas medidas de amplio espectro aplicables hasta el 30 de junio van desde la rebaja en el precio de los combustibles hasta la limitación en la subida de los alquileres. Los nuevos ERTE forman parte de la reforma laboral que entrará en vigor en su totalidad con el mes de abril y que ya ha duplicado el número de contratos indefinidos que se firman en la provincia respecto a los datos de hace un año.

Los créditos ICO traen varias novedades. La primera consiste en la nueva línea de 10.000 millones de euros aprobada ayer por el Gobierno y que las empresas podrán solicitar hasta el próximo 31 de diciembre, con un periodo de carencia de 12 meses. Además, fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos explicaron ayer que las empresas que ya tengan un préstamo avalado por el Estado y suscrito durante la crisis sanitaria podrán optar a una carencia adicional de seis meses, sumada a los dos años que ya se han aplicado.

En este sentido, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, explicó ayer que se van a flexibilizar las condiciones de los avales de estos créditos Covid para rebajar los requisitos para la extensión del vencimiento. «Ya no es necesario que la cifra de negocio en 2020 se haya reducido más de un 30% con respecto a 2019 para poder acceder a esa ampliación de plazo», detalló Calviño.

La medida puede suponer un alivio considerable para las más de 20.000 empresas malagueñas que han suscrito un crédito ICO motivado por la pandemia, ya que muchas de ellas debían empezar a abonar el principal de la operación en las próximas semanas. No en vano, los datos del ICO detallan que el 43% de todos los créditos avalados debían comenzar esas amortizaciones durante el segundo trimestre de este año.

El otro respiro para las empresas malagueñas puede llegar con el mantenimiento de los ERTE como mecanismo para la protección del empleo. A cierre del mes de febrero, 4.675 malagueños seguían incluidos en ERTE Covid, cuya aplicación expirará con el mes de marzo. Y aunque la reforma laboral limita de manera notable esta fórmula a escenarios muy concretos, sí deja abierta esta posibilidad. Así, la nueva norma modifica algunas condiciones de los dos tipos de ERTE existentes (por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, por un lado, y los aplicados por causa de fuerza mayor, por otro) y crea una tercera modalidad, los llamados ERTE RED, previstos cuando se dé una crisis económica generalizada o bien un sector se vea afectado de manera particular de manera coyuntural. La principal novedad de estos últimos consiste en la necesidad de que sean aprobados por el Gobierno en Consejo de Ministros, algo que podría suceder en breve en el caso de las agencias de viajes.

«Las empresas están manteniendo el tipo pese a las dificultades, con ERTE de reducción de jornada o de suspensión cuando no queda más remedio antes que la desvinculación del trabajador con la empresa», sostiene la vicepresidenta ejecutiva de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Natalia Sánchez, quien aboga por mantener «la prudencia» en un escenario que sigue marcado por la incertidumbre desde distintos flancos. «Muchas empresas ya han empezado a convertir determinados tipos de contratos temporales en fijos discontinuos», añade Sánchez antes de recordar cómo la «inercia de reactivación» que ha tomado la economía malagueña en los últimos meses se enfrenta ahora a la inestabilidad provocada por el alza en los costes de producción, la subida en los precios de los carburantes y la energía y la invasión rusa en Ucrania.

Tirando de ese hilo, la representante de la CEM coincide con el presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, Sergio Cuberos, en la crítica a un punto concreto del real decreto aprobado ayer por el Gobierno: la imposibilidad de que las empresas que reciban ayudas directas puedan despedir a trabajadores hasta el próximo 30 de junio, alegando el encarecimiento de los costes de producción por el alza en los precios de la energía. «Con este mar tenemos que navegar. Sabiendo que nos va a afectar, hay que tratar que sea lo menos posible», ofrece Cuberos, para quien el plan del Ejecutivo se ha quedado «muy corto».

«Al fin y al cabo, los créditos ICO hay que devolverlos y muchas empresas ya están muy endeudadas. Por eso se echan en falta ayudas directas. Los ERTE son en peores condiciones que hace un año y se están coartando las decisiones que tienen que tomar las empresas. Pese a todo, soy positivo porque estoy convencido de que vamos a salir adelante, sin duda, pero hay que entender que hay empresas que se van a ver muy afectadas», abrocha Cuberos.

También positivos llegan los mensajes desde las organizaciones sindicales, sobre todo en lo relacionado con la reforma laboral. «El balance inicial es muy alentador, en especial porque hasta ahora el 'modus operandi' de los empresarios, sobre todo en el sector servicios, era realizar contratos por el periodo de Semana Santa, Navidades o estival y después, cesar el contrato y la persona iba al paro. Ahora esos contratos se están convirtiendo en indefinidos fijos discontinuos y eso genera estabilidad», saluda la secretaria de Acción Sindical y Negociación Colectiva de Comisiones Obreras (CC OO), Trinidad Salcedo.

«Desde que entró en vigor la reforma con esa moratoria se ha visto tanto en enero como en febrero un incremento de la contratación indefinida, de un 12,52% en enero y de un 19,6% en febrero, respecto al año anterior. Ya se ve que los empresarios empezaron a cambiar la fórmula contractual», apostilla Salcedo antes que recordar que el año pasado apenas un 8,81% de los contratos firmados en Málaga fueron indefinidos. «La temporalidad en nuestra provincia es altísima. Teníamos una tasa de una de cada tres personas», concreta la representante de Comisiones Obreras, que también saluda el mantenimiento del «colchón» que han supuesto los ERTE: «La pandemia ha demostrado que ese mecanismo ha permitido una flexibilidad que ha hecho que las empresas no despidan. También debe protegerse al tejido empresarial y esperemos que estas prórrogas sean suficientes».

Una línea argumental similar ofrece la secretaria general de UGT en Málaga, Soledad Ruiz: «Los indicios son esperanzadores, porque es verdad que los contratos indefinidos se han disparado en las estadísticas, pero sigue la rotación». Pese a todo, Ruiz comparte la previsión de que hasta el 45% de las contrataciones puedan ser indefinidas con la nueva norma. «Serían muy buenos datos», ofrece la secretaria general de UGT en Málaga, que no olvida, pese a todo, la zozobra general: «Con la invasión en Ucrania, la inflación y el alza en los precios de la energía se va a superponer una crisis con otra y eso nos genera verdadera preocupación».

Una incertidumbre que nos hace convivir con previsiones cuya fecha de caducidad a menudo resulta una incógnita.