Las claves del acuerdo para mitigar el alza del combustible

El documento final cubre, además, otras reivindicaciones como la puesta en marcha de una regulación específica para una utilización «justa» de la subcontratación. Estos son los principales puntos del acuerdo:

1. Carburantes

El Gobierno bonificará a los transportistas con 0,20 euros por litro o kilo de combustible, de los que 15 céntimos saldrán del presupuesto público y los otros 5 serán soportados por los operadores de productos petrolíferos. De hecho, empresas como Repsol ya habían anunciado antes de este acuerdo que rebajaba sus combustibles; Cepsa y BP, por su parte, también comunicaron este viernes iniciativas en este sentido.

La bonificación, operativa entre el 1 de abril y el 30 de junio -prorrogable en función de la evolución de los mercados-, se aplicará al gasóleo, a la gasolina, al gas y al adBlue, con lo que se ha intentado cubrir la demanda tanto de mercancías como de viajeros. El Ejecutivo calcula que esta bonificación implicará un gasto de más de 600 millones de euros destinado al conjunto del sector. Y un ahorro de unos 700 euros por camión al mes.

Pero, ¿cómo certificar que todas las partes cumplen en las rebajas? El pacto firmado incluye una cláusula en la que se determina que será la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el organismo que ejerza un seguimiento de su implantación.

2. Devoluciones

Las partes también acordaron poner en marcha otra de las reivindicaciones históricas del sector: que la devolución del gasóleo profesional (que recibe en forma de bonificación parcial del impuesto sobre hidrocarburos) se lleve a cabo de forma mensual en vez de anual como estaba establecido hasta ahora. Los acuerdos alcanzados en diciembre con el sector ya redujeron el plazo a un periodo trimestral, pero la medida aún no había entrado en vigor.

3. Ayudas directas

Esta compensación a los transportistas se ha fijado en 450 millones de euros, que se repartirán entre el sector de mercancías y el de pasajeros. Y se distribuirán también por tipo de vehículo. En concreto, la cuantía ascenderá a 1.250 euros por camión, a 900 por autobús, a 500 por furgoneta y a 300 por vehículo ligero (taxis, VTC y ambulancias).

4. Créditos ICO

Con el fin de hacer frente a los posibles problemas de liquidez derivados de la crisis, el acuerdo alcanzado entre la principal patronal del sector y el Gobierno también incluye una ampliación del plazo de vencimiento de los créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) concedidos, hasta un periodo que bascula entre los 8 y los 10 años.

También se ha aprobado la extensión del periodo de carencia de 6 meses, una medida que será de aplicación inmediata. Y lo más importante, se establecerá una nueva línea de créditos al sector garantizados por el Estado con 12 meses de carencia.

5. Protección a los autónomos

Dentro del conjunto de medidas sociales, dirigidas a asegurar la protección para los transportistas autónomos, se duplicará la dotación presupuestaria de las ayudas al abandono a la profesión, al pasar de 10 a 20 millones de euros en 2022.

Hay que tener en cuenta que el sector del transporte por carretera se caracteriza por la existencia de un número importante de profesionales de edad elevada para este tipo de trabajo, con carencia de recursos para poder cesar la actividad antes de cumplir 65 años.

«Esta situación supone una incidencia social para la que el ministerio destina una importante partida presupuestaria, con ayudas por autónomo de 30.000 euros y que, gracias al acuerdo alcanzado, duplicará dichas cuantías para ayudar así a un mayor número de autónomos a poder afrontar el abandono de la actividad», indica el acuerdo.

6. Subcontratación

Antes del 31 de julio, el Gobierno presentará al CNTC un texto de proyecto de ley para aplicar al sector del transporte de mercancías por carretera los principios de la Ley de la Cadena Alimentaria, a fin de asegurar una utilización justa de la subcontratación y la rentabilidad del trabajo y presentarlo, posteriormente, al Consejo de Ministros.

Todas estas medidas se suman a las adoptadas en el último Real Decreto Ley 3/2022, en el que ya se establecía la prohibición de carga y descarga por parte de los conductores, el refuerzo de la inspección en el sector o la inclusión obligatoria en los contratos de la cláusula de revisión de precios por la variación del precio del combustible, aplicando la fórmula que aprueba la Administración.