El Gobierno suaviza los requisitos para la prestación del 'paro' a los autónomos
En dos años apenas 140 malagueños se han acogido a este sistema de protección social por cese de actividad ante las condiciones exigidas
Nuria Triguero
Domingo, 8 de febrero 2015, 01:43
El año pasado se registraron en la provincia 28.459 bajas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Es cierto que algunas corresponden a profesionales ... que se dan de baja y de alta varias veces a lo largo del año en función de si tienen actividad o no. Y también lo es que no todas las bajas se debieron a causas ajenas a la voluntad de los trabajadores. Pero aún admitiendo estos matices, resulta ridículo que tan sólo 57 personas pudieran acogerse en los tres primeros trimestres de 2014 a la prestación por cese de actividad, más conocido como el paro de los autónomos. 2013 no se saldó con cifras mucho mejores: hubo 82 solicitudes resueltas favorablemente.
El fracaso del paro de los autónomos se refleja no sólo en el escasísimo número de beneficiarios, sino en el de solicitudes: 542 presentadas en la provincia en casi dos años. El motivo de que no haya funcionado la largamente demandada protección por cese de actividad está, según viene denunciando el colectivo de profesionales por cuenta propia, en los duros requisitos que se establecieron para poder acogerse a la prestación, así como en la rigidez con que las mutuas profesionales vienen examinando las solicitudes. «Ha sido una de las medidas que más hemos valorado de entre las que ha tomado este Gobierno, pero la realidad es que no ha funcionado tal y como se diseñó. Al 60% de los autónomos que solicitan la prestación se la deniegan, y ya de por sí son pocos los que llegan a pedirla», apunta el vicepresidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Andalucía, Rafael Amor.
¿Qué tengo que hacer para acogerme a la prestación por cese de actividad?
-
Cotización.
-
Ser trabajador autónomo comprendido en el RETA o el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, y haber cotizado al menos durante un año por la prestación por cese de actividad (2,2%). Se exige hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social, pero si en la fecha de cese de actividad no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo de 30 días ingrese las cuotas debidas.
-
Causas.
-
Se considerará que hay una situación legal de cese de actividad cuando concurran motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos que determinen la inviabilidad de proseguir la actividad. Esos motivos son a) Pérdidas superiores al 10% de los ingresos anuales, siempre que no sea el año de inicio de la actividad b) Ejecuciones judiciales o administrativas tendentes al cobro de las deudas que comporten al menos el 30%o de los ingresos anuales c) La declaración judicial de concurso d) Por fuerza mayor e) Por pérdida de la licencia administrativa f) Por violencia de género g) Por divorcio o separación matrimonial, mediante resolución judicial, en los casos en que el autónomo ejerciera funciones de ayuda familiar en el negocio de su excónyuge. h)En el caso de los autónomos económicamente dependientes, la extinción del contrato suscrito con el cliente del que dependan por causas ajenas a su voluntad.
-
Duración.
-
Entre 2 y 12 meses, en función del tiempo que se haya cotizado por esta prestación y de la edad del beneficiario.
-
Cuantía.
-
El 70% de la base reguladora, calculada según el promedio de las bases por las que el trabajador hubiera cotizado durante los 12 meses anteriores.
-
Tramitación.
-
El trabajador autónomo que desee solicitarla deberá acudir a su mutua.
Entre los requisitos que antes se exigían para acceder al paro de los autónomos estaba la obligación de cotizar no sólo por la propia prestación de cese de actividad (que supone un 2,2%), sino por la de contingencias profesionales, que suma otro 5%. Además, el solicitante tenía que demostrar haber sufrido al menos dos años seguidos de pérdidas económicas del 20% cada uno de esos ejercicios o bien del 30% a lo largo de los 24 meses. Y se exigía adjuntar un libro de cuentas que se ajustara a la normativa contable, lo que impedía que los autónomos que tributaban por módulos pudieran justificar sus pérdidas.
En la nueva Ley de Mutuas, que entró en vigor el 1 de enero, se introducen cambios en el sistema de protección de los trabajadores autónomos frente al cese de actividad, con el fin de «suavizar los requisitos y formalidades que en la actualidad se exigen y que impiden en la práctica el legítimo disfrute del derecho, así como para ampliar su ámbito a beneficiarios excluidos del mismo y que sin embargo se encuentran en la situación de necesidad», reza la propia ley.
Los cambios
¿Cuáles son los cambios introducidos? Para empezar, la cotización por esta prestación es voluntaria y ya no hace falta cotizar a la vez por contingencias profesionales. En cuanto a las pérdidas que hay que demostrar, se reducen al 10%, calculadas sobre los ingresos obtenidos en un año completo. Además, como método de prueba se podrá aportar la documentación contable que confeccione el trabajador autónomo, incluyendo también declaraciones del IVA, IRPF, etc.
También se amplían los colectivos que pueden ser beneficiarios de esta protección social, incorporando a los autónomos que ostentan cargos de consejero o administrador de una sociedad, siempre y cuando el cese provenga de causas involuntarias. Asimismo, se extiende derecho a los trabajadores que carezcan del reconocimiento legal de trabajadores autónomos económicamente dependientes (TRADE), pero en los que se den las mismas condiciones. La prestación seguirá teniendo una duración máxima de 12 meses y su cuantía será del 70% de la base reguladora.
Para Rafael Amor, con estos cambios se ha «flexibilizado el sistema». «Veremos cómo funciona, pero queda clara la buena voluntad del Gobierno», añade. No obstante, el vicepresidente de ATA Andalucía opina que queda mucho camino por recorrer en la protección social de los trabajadores por cuenta propia. «Se viven situaciones verdaderamente dramáticas con negocios que cierran por causas ajenas a su voluntad, en muchos casos por culpa de impagos de las administraciones públicas, y sus propietarios se ven totalmente desprotegidos, además de tener que responder con su patrimonio de sus deudas», afirma.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
