El Congreso insta a la Unión Europea a buscar soluciones para los descartes en la pesca

El diputado del PSOE, Miguel Ángel Heredia./SUR
El diputado del PSOE, Miguel Ángel Heredia. / SUR

El diputado del PSOE, Miguel Ángel Heredia, afirma que el Gobierno central adoptará medidas que mejoren la selectividad de las artes de pesca

Agustín Peláez
AGUSTÍN PELÁEZMálaga

Uno de los mayores retos de la nueva Política Pesquera Común aprobada a finales de 2013 es la prohibición de descartes. Al menos, así lo asegura el diputado socialista Miguel Angel Heredia, que ha recordado que tras la entrada en vigor, el pasado 1 de enero de 2015, de la obligación de desembarque, así como el calendario progresivo de implantación previsto hasta el 1 de enero de 2019, fecha de aplicación total a partir de la cual todas las especies regidas por un TAC (Total Admisible de Captura) y cuotas y aquellas con talla mínima en el Mediterráneo deberán ser llevadas a puerto. Se trata de obligar a que el buque desembarque todas sus capturas en el puerto para controlar que no las tira. El descarte en pesca consiste en devolver al mar las capturas no deseadas, vivas o no, por no alcanzar la talla mínima o porque el pescador no dispone de cuotas para una especie. La nueva Política Pesquera Comunitaria (PPC) sin embargo obliga al desembarque de todo lo capturado en puerto. El objetivo es la erradicación de la práctica de tirar peces por la borda, considerada un despilfarro.

El desembarque implica que la tripulación debe subir a bordo todo el pescado capturado, anotar las cantidades en el diario de a bordo, distribuirlo en cajas, con su hielo, y llevarlo al puerto. Si se capturan especies para las que no se tiene una cuota asignada, se deducirá la cantidad de las especies que sí se tienen adjudicadas. En el caso de los 'pezqueñines' (los juveniles) y otras especies sin valor la norma dice que no se podrán utilizar para consumo humano.

Desde el 1 de enero esta obligación se ha implantado a la pesca de rape con el arte de rasco en el Cantábrico y noroeste; en el Mediterráneo, para merluza y salmonete de ciertos buques que tengan unos umbrales determinados de captura, basándose en datos de campañas anteriores. La tripulación debe subir al barco todas las capturas, anotar las cantidades en el diario de a bordo y llevarlas a tierra.

Las reglas contra los descartes entraron en vigor en 2015 para especies pelágicas (caballa, jurel, anchoa o sardina), en 2016 se aplicaron a merluza y cigala en el Atlántico, y el objetivo es extenderlas a todos los caladeros en 2019, lo que significa que también afectará a las embarcaciones de pesca de Málaga.

Según la presidenta de la Federación de Cofradías de Pescadores de Málaga, María del Carmen Navas, de momento en la provincia no hay ninguna embarcación afectadas, aunque a partir de enero la norma europea afectará a toda la flota.

Para Heredia, si bien es cierto que los descartes tienen una repercusión negativa en la explotación sostenible de los recursos marinos, no es menos cierto que su eliminación supone un desafío de grandes dimensiones y un cambio fundamental en el modo en que se ha venido ejerciendo la actividad pesquera hasta ahora.

Según el diputado del PSOE por Málaga, sería fundamental plantear la necesidad de buscar alternativas y propuestas para resolver entre todos los problemas que pueden darse de cara a la aplicación práctica total de la obligación de desembarque, especialmente para ciertas especies que han venido a llamarse las especies estrangulamiento, ya que podrían ser limitantes para la flota si no se encuentran mecanismos eficaces para cubrir sus capturas accidentales, capturas que antes se descartaban y que a partir de 2019 deberán traerse a puerto obligatoriamente.

En este sentido, la Comisión de Agricultura y Pesca del Congreso ha debatido hoy una iniciativa donde el Gobierno en el marco de sus competencias solicite de la UE la búsqueda de soluciones para la aplicación real y efectiva de la norma de obligación total de descartes partiendo de un diagnostico real del estado de las pesquerías, el origen de los descartes y su influencia en la práctica pesquera y en los ecosistemas afectados teniendo en cuenta el componente social como un pilar más de la sostenibilidad en la que tiene su fundamento la Política Pesquera Común.

Heredia ha destacado que el nuevo Gobierno en los últimos meses ha intensificado los trabajos para buscar soluciones reales y efectivas que garanticen la competitividad del sector pesquero español.

Mantener una actividad pesquera sostenible, que responda a nuestras necesidades alimentarias, asegure la estabilidad socioeconómica del sector, y que permita a nuestra flota pesquera seguir faenando a largo plazo es un objetivo primordial para este Gobierno, según Heredia.

La novedad que introduce esta normativa no es exclusiva de España, por ello se está participando en 3 grupos regionales con otros Estados miembros, en los que se trabaja con la Comisión Europea y organismos científicos para la búsqueda de soluciones reales, que se encuentren de acuerdo a la normativa.

El Gobierno, según el diputado socialista es consciente del gran reto al que nos enfrentamos y, por ello, se ha volcado, a través de la implicación de todos los actores, en la búsqueda de soluciones, instando a la Comisión Europea una mayor flexibilidad a través de las exenciones de mínimos y de alta supervivencia, así como de plazos en su aplicación, sin que ello comprometa al estado biológico de los recursos.

No obstante, la aprobación de estas flexibilidades, y la capacidad de decisión última, es responsabilidad de la Comisión Europea, según Heredia, la cual deberá ser la que, de acuerdo al reglamento, apruebe las propuestas realizadas por los grupos regionales y responda a las demandas específicas de cada país.

Heredia ha manifestado en este sentido que en las próximas semanas se publicarán aquellas normas donde figuren estas flexibilidades. «La Secretaría General de Pesca va a convocar en breve la Mesa Estatal para la Eliminación de los Descartes para analizar con el sector las distintas medidas y exenciones obtenidas y la fórmula para aplicar de la mejor manera posible la obligación», ha declarado el diputado del PSOE, a la vez que ha señalado que va a continuar trabajando para que se puedan incluir en la próximas negociaciones de los TAC y cuotas en el seno del Consejo las medidas adicionales que garanticen una correcta aplicación de la obligación que tenga en cuenta la componente social como un pilar más de la sostenibilidad de la Política Común de Pesca y que asegurar el funcionamiento armónico de las actividades de la Pesca en nuestro país.

De forma paralela, el Ministerio está trabajando en una Orden que englobe los cambios necesarios para poder aplicar las medidas relativas a la obligación de desembarco.

El objetivo principal de esta nueva norma, según Heredia, es la adecuación de las diferentes órdenes que regulan la actividad de la flota española para adecuarla a la nueva obligación de desembarco de todas las capturas sometidas a TAC que entrará en vigor el 1 de enero de 2019.

En principio va a contener medidas de flexibilización en el uso de las cuotas repartidas, nuevos repartos para las especies que siguen en conjunto y medidas técnicas necesarias para poder mejorar en la selectividad de las artes.

 

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