La nueva legislación podría abrir la puerta a nuevos usos profesionales

Ello imposibilita que los drones sobrevuelen zonas urbanas o aglomeraciones al aire libre, así como cerca de edificaciones. La ausencia de un Gobierno estable y la repetición de las elecciones han alterado el calendario previsto, que planteaba reformar el decreto incluso durante el año pasado.

AESA distingue tres clasificaciones de aparatos: inferiores a dos kilogramos; hasta 25 kilos y superiores a 25. Los primeros son los únicos que pueden volar más allá del alcance visual del piloto. Las limitaciones actuales también son un hándicap para su utilización desde el punto de vista logístico o de seguridad nocturna. Además, volar por ejemplo sin permiso sobre un área con una importante aglomeración de personas puede dar lugar a multas de entre 4.000 y 70.000 euros.

Uno de los propósitos de Droniberia, la patronal que vio la luz el mes pasado, es precisamente ser un «interlocutor válido» a la hora de negociar las modificaciones legislativas con la administración, avanzó su secretario general José Antonio Álvarez.

Antonio Barba, fundador de Málaga Drone Tech, cree que la futura regulación «clarificará mucho toda la ambigüedad interpretativa» que hay actualmente. «Abrirá a las operadoras la posibilidad de poder trabajar donde ahora no se les permite como es el caso de poder hacerlo sobre población, edificaciones y poder grabar y trabajar de noche, aunque seguirá esta prohibición para los pilotos. A esta nueva ley solo le pueden ver inconvenientes aquellos que ya de por sí obran fuera de la actual», apunta este empresario.

Federico Alva, director técnico de ATyges, participó activamente con la Agencia de Seguridad Aérea en la redacción de la regulación actual en 2012. Admite que el avance en la tecnología ha ido por delante de las normas y es necesario adaptarse. «Hay que evitar un uso indebido que pueda provocar daños a personas o a otras aeronaves. La normativa se va flexibilizando y adaptando. Es importante que, en función de la operación, se estudien los riesgos y que se exija el nivel de seguridad acorde a la aeronave y a la formación de los pilotos», valora Alva.