El juez del 'caso Blesa', condenado a 17 años de inhabilitación

En una sentencia, que cuenta con el voto particular del presidente de la sala que juzgó a Silva, Arturo Beltrán, los otros dos magistrados sostienen que cometió un delito de prevaricación continuada y dos contra la libertad individual y le condenan a pagar una multa de 6.300 euros y una indemnización de 10.000 al expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán.

La Fiscalía reclamó para él 30 años de inhabilitación y una multa de 10.800 euros, mientras que el abogado del exbanquero elevó esa pena a 40 años y el de Díaz Ferrán pidió 24 y que le indemnizara con 50.000 euros por daños morales.

Según la resolución, que supone la expulsión definitiva del condenado de la carrera judicial, Silva persiguió desde el principio un "objetivo", el de encarcelar a Miguel Blesa, la primera vez bajo fianza de 2,5 millones en mayo de 2013, y la segunda de manera incondicional, apenas quince días después.

Acto "prevaricador"

En la primera, negándose a darle un plazo de 24 o 48 horas para abonar esa cantidad, tal y como le reclamó su abogado y como suele ocurrir en otros casos de cuantías incluso muy inferiores.

La segunda ocasión, el 5 de junio de ese año, y tras "adentrarse en una especie de lección de economía para empresas", volvió a dictar su ingreso en prisión incondicional sin fianza con "motivaciones insólitas, por su grado de especulación" y sin haber resuelto sobre la devolución de la fianza. "No era sino el resultado final al que desde hacía unos meses se encaminó el proceder instructor del acusado", subraya la sentencia para resumir toda la actuación de Silva en el caso en el que investigaba a Blesa y Díaz Ferrán por la concesión de un crédito de 26,6 millones a Marsans de "mero voluntarismo".

Pero no solo fueron ilegales las resoluciones por las que encarceló al expresidente de Caja Madrid, sino que todas y cada una de las que dictó constituyen "un acto prevaricador", empezando por la reapertura del caso que él mismo había archivado dos años antes para dirigirse "contra dos ciudadanos por su propia voluntad y sin nada que lo justifique", pues no habían aparecido nuevas pruebas.