La factura del retraso de Tokio 2020 que nadie quiere pagar

Determinar el impacto económico que tendrá el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio hasta el verano de 2021 es una de las tareas que más apremian a los organizadores dentro de una larga lista de deberes que apenas han comenzado a abordar, y que a su vez está condicionada a la resolución previa de otras cuestiones.

«Necesitamos primero evaluar el coste del retraso, y después determinar cómo afrontarlo», dijo este jueves el director ejecutivo de Tokio 2020, Toshiro Muto, en una rueda de prensa por vía telemática.

Aunque circulan diversas estimaciones sobre la factura derivada de posponer los Juegos, el montante final dependerá de variables como la disponibilidad de las sedes deportivas que habían sido reservadas únicamente para el verano de 2020 o de lo que suceda con la Villa Olímpica, a la que se iba a dar uso residencial tras la misma fecha.

Varios cálculos sitúan en torno a 300.000 millones de yenes (unos 2.600 millones de euros o 2.900 millones de dólares) el coste de mantener un año más las instalaciones especialmente construidas para los Juegos y de reorganizar las aproximadamente 46.000 reservas hoteleras para personal invitado a los Juegos.

El retraso acarreará a Japón pérdidas adicionales por valor de 220.000 millones de yenes (1.890 millones de euros / 2.040 millones de dólares) por las oportunidades de negocio perdidas al no celebrar los Juegos dentro de lo previsto, según un estudio del economista Katsuhiro Miyamoto, profesor emérito de la Universidad de Kansai.

Los organizadores, por el momento, no han puesto precio al aplazamiento y afirman que siguen analizando los gastos adicionales, mientras que el presidente del COI, Thomas Bach, ha cifrado la previsible factura en «varios centenares de millones de dólares».

La última versión del presupuesto para Tokio 2020, aprobada antes de que se decidiera el cambio de fechas por la pandemia, ascendía a 1,35 billones de yenes (11.600 millones de euros / 12.570 millones de dólares), financiados en su mayor parte por fondos públicos nipones y aportaciones privadas, más una contribución menor del COI.

Según la versión nipona de los hechos, el COI aceptó a mediados de marzo posponer los Juegos un año a petición del primer ministro nipón, Shinzo Abe, y ambas partes dejaron pendiente la espinosa decisión de cómo repartirse el coste del aplazamiento.

Por eso, los responsables de Tokio 2020 expresaron su malestar cuando el COI publicó el lunes en su web un artículo según el cual Abe «había acordado que Japón continuará cubriendo los costes previstos bajo los términos del acuerdo existente» y pidieron una rectificación del organismo internacional. El órgano con sede en Lausana (Suiza) eliminó horas después esa controvertida mención del texto y en su lugar señaló que tanto Japón como el COI mantienen sus «compromisos» y «responsabilidades» para organizar los Juegos y que ambas partes «continuarán evaluando y discutiendo conjuntamente los impactos respectivos causados por el aplazamiento».

Aunque todo podría haber quedado en un simple malentendido, la reacción de los organizadores y del Ejecutivo nipón -que también llegó a desmentir que Abe se hubiera comprometido a asumir los costes adicionales- evidenció la susceptibilidad sobre este tema, en especial del lado japonés.

En la última reunión de coordinación celebrada en Tokio a mediados de mes, el representante del COI, John Coates, dio a entender que el comité internacional no contempla contribuir al coste adicional, aunque sí ayudará a comités nacionales y federaciones afectados por la caída de ingresos y cancelación de competiciones.

Coates pidió asimismo a los organizadores que aprovecharan la ocasión para recortar el presupuesto en lo posible y sugirió que prescindieran de instalaciones «innecesarias» como los espacios para el visionado público de los Juegos o que abaratasen los servicios de «hospitalidad» que se ofrecerán a comités nacionales, medios de comunicación o patrocinadores.

El contrato firmado por Tokio en 2013 como sede olímpica estipula que debe ser la parte nipona la que asuma los costes de la organización, obligación que en teoría sigue vigente por haber sido el Gobierno japonés el que propuso oficialmente cambiar las fechas, y siempre que ambas partes no acuerden un reparto distinto.

Pero al tratarse de una situación excepcional, las autoridades niponas confían en que el COI «asuma también su papel» a la hora de lidiar con los gastos, según dijo la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, en declaraciones a medios locales.

Sea cual sea la factura final, para el Gobierno de Abe supone un nuevo quebradero de cabeza financiero justo cuando acaba de aprobar el mayor paquete de estímulo de la historia del país para mitigar la previsible contracción económica que provocará el coronavirus.