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Vox ha presentado en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley motivada por la situación a la que se enfrentan un grupo ... de vecinos y vecinas del barrio de El Calvario, de Torremolinos, amenazados de desahucio por entender el juzgado que sus contratos de alquiler, suscritos con unas sociedades explotadoras de viviendas, no son válidos.
El grupo reclama en la Cámara Baja que, puesto que estos inmuebles han recaído en la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), participada por el Estado, la entidad adopte cuantas medidas sean necesarias para evitar la salida de sus domicilios de estas personas. Igualmente, reclaman una auditoria sobre la Sareb, al entender que, con el traspaso de los activos de este bloque, se cedieron bienes por debajo de su valor de mercado, en la línea de lo que ya denunciaron residentes y sus representantes legales.
Con independencia del caso concreto de Torremolinos, Vox considera que la Sareb no responde a una labor social que facilite el acceso a la vivienda de los españoles, por lo que reclaman reformas legales y mecanismos de control sobre la gestión de esta sociedad y medidas como que, en situaciones similares a las de Torremolinos, las personas que estén en los inmuebles, tengan derecho preferente para mantenerse allí.
La iniciativa de Vox, que se suma a otras ya impulsadas por el PP o Izquierda Unida, que reclaman a la Sareb que solvente el galimatías judicial en el que están envueltos estos ciudadanos de Torremolinos, llega en un momento en el que se atisba una esperanza para los afectados. Ello es posible después de que, tal y como apuntaron fuentes judiciales y confirmó Sareb, la sala que entiende de este caso ha optado por paralizar la operación de remate (así se llama en términos legales el traspaso previsto de los bienes titularidad de la sociedad), por lo que los inmuebles pasan a manos de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria y esta ya tiene capacidad para suscribir acuerdos con las personas que allí viven para que continúen instalados, a cambio de una cuota mensual, si de dan las condiciones socioeconómicas para ello.
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