¿Qué va a pasar con la antigua residencia de mayores Miratorre de Torremolinos?

El pasado 26 de septiembre, por la noche, se crea un grupo en la red social Facebook, que se denomina «Plataforma ciudadana contra el centro de inmigrantes ilegales Torremolinos»; parte de la premisa de que ese es el futuro de la antigua residencia. Tiene 270 miembros y su objetivo es «coordinar las acciones necesarias» contra ese posible uso, desde el convencimiento de que los moradores serán extranjeros de los que «se desconocen sus antecedentes» y «que ya están protagonizando peleas, robos y violaciones en otros puntos donde son alojados». «Por desgracia en España solo la sociedad civil organizada puede defenderse a si misma», justifican.

Hay revuelo y, de hecho, el sábado 28 de septiembre, en plena Feria de San Miguel, unas doscientas personas son recibidas en el Ayuntamiento, tras un rosario de peticiones de información y quejas a distintos concejales sobre el supuesto centro. La alcaldesa, Margarita del Cid, les explica que no tiene constancia alguna de que vaya a abrir un recurso de ese tipo.

Alguien asegura haber visto amueblar el centro con literas y sostiene que el dueño del Miratorre es el mismo que el de la residencia de las monjas de La Asunción, en Churriana, donde, durante dos meses, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, entidad que explica que nada saben de otra instalación similar en Torremolinos, sí gestionó un centro de acogida. Eso es cierto, pero solo eso, afirma, tajante, el responsable de la sociedad propietaria del edificio, Alberto Benito García, decano del Cuerpo Consular de Málaga. «No ha estado nunca en nuestra mente. Es una inversión dirigida a atraer deportistas, un sitio para algunos de los muchos equipos que acudan a Torremolinos a entrenar y a un precio muy ajustado, que incluya desayuno, almuerzo y cena. Hay literas, porque así sería más barato y con la idea de ofrecer una cien plazas. También puede ser un low cost para estudiantes», aclara.

Eso sí, muestra su más absoluta indignación por la existencia de un movimiento en contra de la mera posibilidad de que fuera un centro de acogida que, además, se escuda en las redes y que dice expresarse en nombre del barrio. «Son personas. España ha sido y es lugar de emigración y no se puede alimentar el rechazo a los extranjeros con acusaciones sin fundamento. En Churriana nunca ha habido un problema», afirma el empresario y diplomático.

La situación ha llegado a oídos de la Subdelegación y esta ha elevado el caso al Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Quiere saber si el contenido de la plataforma es constitutivo de un delito de odio para que se obre en consecuencia. «No podemos permitir el rechazo hacia las personas migrantes, calificándolas de antemano como delincuentes, cuando en realidad huyen de sus países por guerras, persecución, hambruna o realidades que nadie quiere padecer», dice el subdelegado Javier Salas, que pide sensibilidad y que se recuerde que han sido muchos los españoles que han cruzado la frontera «por falta de oportunidades o por la represión franquista».

«Como Estado de Derecho tenemos la obligación de acoger a quienes son solicitantes de protección internacional», precisa. «Este grupo, que vincula migración y delincuencia, no representa a Torremolinos, donde conviven más de 70 nacionalidades y que es ejemplo de respeto y de diversidad; por ello esperamos el rechazo de todas las administraciones a este tipo de plataformas con tintes racistas y xenófobos, Junta, Diputación y el Ayuntamiento», reclama.

El proyecto, sin embargo, no acaba de arrancar. El Ayuntamiento objeta a las obras, necesarias para el acondicionamiento, que los promotores presentaron una declaración responsable para su ejecución y, que tras comprobarse, «vía inspección ordinaria», que estas excedían del proyecto previsto, se suspendió el permiso. Los técnicos entendieron que no eran de tipo menor, como se solicitó.

Ante un segundo intento, han vuelto a paralizarse los trabajos, aclaran desde la Administración local, esta vez, al comprobarse que sobre la residencia pesa una Inspección Técnica de Edificios desfavorable. De hecho, aclaran que, ante la aparición de la «supuesta plataforma vecinal» que había «generado una alarma innecesaria», el Gobierno municipal optó por convocar a residentes en la zona para dar cuenta de estos hechos «puesto que es la única información» de la que disponen.

En Student Rental creen que los bulos en torno a la reapertura del Miratorre pesan en el ánimo municipal, lo que se demuestra en la «diligencia» en inspeccionar las obras, en una clara intención, consideran, de frenarlas. Además, defienden que el estado del inmueble es bueno y que podría estar en uso pronto. «Al final, el centro abrirá», anuncia Alberto Benito que lamenta, no obstante, que el Gobierno municipal no haya escuchado su plan de negocio, a pesar de que tratan de hacérselo llegar desde hace meses.