La ONG que iba a trasladar a 120 refugiados a Torremolinos renuncia a este alojamiento

La ONG Engloba que, el pasado 15 de abril, vio frustrado el traslado de 120 refugiados a la antigua residencia Miratorre, en la avenida Sorolla de Torremolinos, renuncia definitivamente a este alojamiento. Pedro Carricondo, responsable de Ayuda Humanitaria de la organización, confirma que, en sus palabras, «obligados por la situación» y «ante la excesiva presión policial», la asociación ha tomado la decisión de realojar a este grupo de personas en una «alternativa que ya está buscada».

Queda ya en nada la idea inicial, que contemplaba el cambio de residencia temporal desde un establecimiento hotelero de las inmediaciones de Estepona hasta este inmueble torremolinense. El pasado Martes Santo, cuando los técnicos de la asociación ya comenzaban a preparar el dispositivo de acogida, para que entrara en funcionamiento ese mismo día, se toparon con la presencia de agentes de la Policía Local a las puertas del edificio, anteriormente, dedicado al cuidado de mayores. Los uniformados les explicaron que el edificio carecía de la documentación necesaria para acoger actividad alguna, al no haberla concedido el Ayuntamiento.

Previamente, Engloba y la nueva propiedad de la residencia, adquirida por la firma Student Rental, que gestiona distintos tipos de alojamientos, habían alcanzado un acuerdo, en el marco de la encomienda que el Gobierno central cierra con organizaciones del Tercer Sector para que atiendan a personas que llegan a España por situaciones como ser víctimas de conflictos o persecución en sus países de origen. Sin embargo, la Administración local consideró «irresponsable», y en este extremo se mantiene, que allí pueda instalarse alguien, ya que, apuntan, el inmueble carece de licencia de primera ocupación y de cualquier otro tipo para el desarrollo actividad. Entre otros aspectos, enumeran, no están visadas cuestiones «tan básicas como la prevención de incendios o el circuito interno de agua» y de ello fue advertida la propiedad la semana antes del intento de alojamiento.

A pesar del aviso, conforme relata el Ayuntamiento, los dueños del alojamiento presentaron declaraciones responsables, tramitadas de forma telemática, para primera ocupación de la finca, a las 14.31 horas, y, de igual modo, a las 14.59, para el comienzo de la actividad, el pasado 15 de abril. Student Rental consideró que, en base al artículo 138 de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, estas solicitudes concedían «plena habilitación legal de ocupación y apertura». No obstante, como lamentó la sociedad: «Solo 15 minutos después de presentar las Declaraciones Responsables antes indicadas -y siendo Martes Santo- a la administración aparentemente le dio tiempo a revisar esa documentación«.

Al centro de acogida ya habían llegado alimentos y también estaban instaladas literas y otros elementos necesarios para prestar un servicio de alojamiento y manutención para los que iban a ser sus ocupantes.

Por parte del equipo de Gobierno, dejaron claro que los trámites quedaron «inadmitidos» al considerar «más importante velar por la integridad física de cualquier persona que pueda ser alojada allí».

Los intentos de abrir la antigua residencia como alojamiento vienen del pasado julio de 2024, conforme consta en el decreto que bloquea el uso del edificio, facilitado por el equipo de Gobierno. En septiembre, el Ayuntamiento indicó que los promotores presentaron una declaración responsable para la ejecución de obras destinadas a la reapertura y, que tras comprobarse, «vía inspección ordinaria», que estas excedían del proyecto previsto, se suspendió la autorización. Posteriormente, hubo nuevas paralizaciones de los trabajos y, el pasado 8 de abril, en una vigilancia de la Policía Local, los agentes comprobaron que había traslado de mobiliario, sin que hubiera licencia para ello.

Mientras se preparaba la apertura, el pasado 26 de septiembre, se creó un grupo en la red social Facebook, denominado «Plataforma ciudadana contra el centro de inmigrantes ilegales Torremolinos»; este partía de la premisa de que ese era el futuro de la antigua residencia. Preguntado por esta cuestión entonces, el responsable de Student Rental, Alberto Benito García, decano del Cuerpo Consular de Málaga, aseguró que la inversión inmobiliaria respondía al interés por crear un centro para «atraer deportistas, un sitio para algunos de los muchos equipos que acudan a Torremolinos». Este uso, sin embargo, cambió «no hace ni un mes», tras las conversaciones con Engloba. En cualquier caso, defendió: «El destino es el mismo, alojar a gente».

El origen de estos comentarios sobre la llegada de migrantes está en que alguien había visto introducir literas en la Miratorre y en la relación del propietario con la residencia de las monjas de La Asunción, en Churriana, donde, durante dos meses, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, sí gestionó un centro de acogida.

La Subdelegación del Gobierno, por su parte, explicó que, al conocer el compromiso entre Student Rental y Engloba, dio traslado al Ayuntamiento de Torremolinos, conforme al protocolo establecido en estos casos. Este anuncio, según Alberto Benito, fue clave para que la Policía Local acudiera a las puertas del inmueble el pasado 15 de abril, cuando no pudo materializarse el traslado de las 120 personas acogidas.

Para Benito, lo que hay detrás de todas las trabas es una cuestión de rechazo hacia las personas que van a alojarse, por ser extranjeros. Para el Gobierno local de Torremolinos, el promotor de esta operación se escuda en «supuesta xenofobia, que será estudiada por los servicios jurídicos del Ayuntamiento para adoptar las medidas necesarias».

Lo ocurrido también ha hecho que, desde la Alcaldía de Torremolinos, pidan al Gobierno de España y a las organizaciones y entidades que colaboran en la integración y alojamiento de migrantes, que, según argumentaron en un comunicado, «no deleguen esa cuestión en empresarios que puede que prioricen el lucro de alojar a estos migrantes sobre otras cuestiones como la seguridad e integridad de las personas».

Por parte de la Subdelegación, apostillan que el papel del Ejecutivo central en este tipo de gestiones es el de encargar a Engloba u otras entidades que se mueven en el mismo ámbito de trabajo, la atención a las personas que requieren ayuda humanitaria, en el marco de los acuerdos alcanzados con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pero recuerdan que no tienen competencias urbanísticas, ya que estas están en manos de los ayuntamientos.

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