El Ayuntamiento de Torremolinos impide el uso de una antigua residencia como centro de acogida por carecer de licencias

Un grupo de 120 personas que están acogidos en España, tras haber tenido que salir de su país de origen por situaciones como ser víctimas de persecución o conflicto, iban a trasladarse, este martes 15 de abril, desde un hotel en las cercanías de Estepona, donde llevan tiempo viviendo, hasta la antigua residencia Miratorre, en la avenida de Sorolla de Torremolinos. No pudo ser. Los técnicos de la Asociación Engloba, que, en el marco de la encomienda con el Gobierno central para atender a estos refugiados, iban a gestionar la entrada, se encontraron con agentes de la Policía Local a las puertas del inmueble.

Los uniformados les explicaron que el edificio carecía de la documentación necesaria para acoger actividad alguna, al no haberla concedido el Ayuntamiento. Ante esos argumentos, la operación se frenó en seco y, por el momento, el centenar de hombres y mujeres continuarán donde se encuentran, tal y como explica Pedro Carricondo, responsable de Ayuda Humanitaria de la organización.

En un comunicado, el Gobierno local torremolinense considera «irresponsable» que en el edificio pueda instalarse alguien, ya que, apuntan, carece de licencia de primera ocupación y de cualquier otro tipo para el desarrollo actividad.

No han sido revisadas, sostienen, cuestiones «tan básicas como la prevención de incendios o el circuito interno de agua» e, indican desde la Administración local, así fue advertido, la semana pasada al propietario de la antigua residencia. El dueño es Alberto Benito García, decano del Cuerpo Consular de Málaga y responsable de la firma Student Rental, que gestiona distintos tipos de alojamientos. No niega que recibiera tal comunicación, pero deja claro que fue «preventiva», pues, razona, nadie había solicitado permiso para abrir el alojamiento en ese momento.

Estas peticiones llegaron, como indica, este mismo martes, mediante sendas declaraciones responsables tramitadas de forma telemática, para primera ocupación de la finca, a las 14.31 horas, y, de igual modo, a las 14.59, para el comienzo de la actividad. Esto hace, afirma, que, conforme al artículo 138 de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía haya «plena habilitación legal de ocupación y apertura». Este miércoles 16, en un escrito, Student Rental, apostilla sobre estos trámites, denegados finalmente: «Solo 15 minutos después de presentar las Declaraciones Responsables antes indicadas -y siendo Martes Santo- a la administración aparentemente le dio tiempo a revisar esa documentación«.

Por parte del Ayuntamiento, dejan claro que los expedientes de declaración responsable están «inadmitidos» al considerar «más importante velar por la integridad física de cualquier persona que pueda ser alojada allí».

Entre los motivos para este rechazo, la presentación de una documentación final de obra de 2013, firmada pero sin visar; la rúbrica de un arquitecto diferente al que llevó la dirección de obra, que ya ha fallecido; la caducidad de la licencia de primera ocupación en ese momento, o la falta de certificación de los suministros.

Los intentos de abrir la antigua residencia como alojamiento vienen del pasado mes de julio de 2024, conforme consta en el decreto que bloquea el uso del edificio, facilitado por el equipo de Gobierno. En septiembre del año pasado, el Ayuntamiento indicó que los promotores presentaron una declaración responsable para la ejecución de obras destinadas a la reapertura y, que tras comprobarse, «vía inspección ordinaria», que estas excedían del proyecto previsto, se suspendió el permiso.

Los técnicos entendieron que no eran de tipo menor, como se solicitó. Posteriormente, hubo nuevas paralizaciones y, el pasado 8 de abril, en una vigilancia de la Policía Local, los agentes comprobaron que había traslado de mobiliario y se procedía a la instalación de elementos para la cocina, sin que hubiera licencia para ello, tal y como consta en la documentación facilitada por el Ayuntamiento.

Mientras se preparaba la apertura, el pasado 26 de septiembre, se creó un grupo en la red social Facebook, denominado «Plataforma ciudadana contra el centro de inmigrantes ilegales Torremolinos»; se partía de la premisa de que ese era el futuro de la antigua residencia. Preguntado por esta cuestión entonces, el responsable de Student Rental aseguró que la inversión inmobiliaria respondía al interés por crear un centro para «atraer deportistas, un sitio para algunos de los muchos equipos que acudan a Torremolinos». Este uso, sin embargo, cambió «no hace ni un mes», aclara, cuando la sociedad propietaria de la antigua residencia llegó a un acuerdo con Engloba, que precisa un nuevo recurso. En cualquier caso, defiende: «El destino es el mismo, alojar a gente».

El origen de estos comentarios sobre la llegada de migrantes está en que alguien había visto amueblar el centro con literas y en la relación del propietario del Miratorre con la residencia de las monjas de La Asunción, en Churriana, donde, durante dos meses, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, sí gestionó un centro de acogida.

La Subdelegación del Gobierno, por su parte, explica que, al conocer la colaboración entre Student Rental y Engloba, dio traslado al Ayuntamiento de Torremolinos, conforme al protocolo establecido en estos casos. Este aviso, según Alberto Benito, fue clave para que la Policía Local acudiera a las puertas del inmueble el pasado 15 de abril, cuando no pudo materializarse el traslado de las 120 personas acogidas. «Si el Ayuntamiento tiene predisposición para que funcione este recurso, lo haremos y subsanaremos todo lo que sea necesario, tal y como contempla la ley, pero, mientras tanto, puede abrir sus puertas, así lo establece la norma, pero hay que tener voluntad», objetan desde Student Rental.

Para Benito, lo que hay detrás de todas las trabas es una cuestión de rechazo hacia las personas que van a alojarse, por ser extranjeros. Para el Ayuntamiento, el promotor de esta operación se escuda en «supuesta xenofobia, que será estudiada por los servicios jurídicos del Ayuntamiento para adoptar las medidas necesarias».

Por otra parte, el Ayuntamiento solicita al Gobierno de España y a las organizaciones y entidades que colaboran en la integración y alojamiento de migrantes, que, según una nota, «no deleguen esa cuestión en empresarios que puede que prioricen el lucro de alojar a estos migrantes sobre otras cuestiones como la seguridad e integridad de las personas». Por parte de la Subdelegación, argumentan que el papel del Ejecutivo central en este tipo de situaciones es el de conveniar con organizaciones del Tercer Sector, como Engloba, la atención a las personas que requieren ayuda humanitaria, en el marco de los acuerdos alcanzados con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pero recuerdan que no tienen competencias urbanísticas, ya que estas están en manos de los ayuntamientos.

Lo ocurrido, tiene «unas víctimas», juzga el responsable de la Asociación Engloba, que son aquellos que iban a estar alojados en el edificio. Pedro Carricondo, responsable de Ayuda Humanitaria de la organización, relata que, al llegar el ofrecimiento de esta antigua residencia de mayores en Torremolinos, el personal de la entidad realizó una visita en la que comprobó que cumplía con todos los requisitos necesarios y que se encontraba «a estrenar», en condiciones inmejorables para el uso previsto.

A partir de ahí, comenzó una planificación para el traslado de los futuros 120 usuarios que, finalmente, quedó frustrado. Ante este contratiempo, Carricondo anuncia que, si no hay posibilidad ni interés para que la antigua Miratorre se convierta en un centro de acogida, habrá que contemplar otro emplazamiento a la mayor brevedad. Eso sí, se muestra muy sorprendido con todo lo ocurrido e indignado por la existencia de un movimiento que rechaza el funcionamiento de este recurso a través de las redes sociales.

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